La querella por presunta calumnia con publicidad interpuesta contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quedó desestimada de forma concluyente después de que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa le dictara un sobreseimiento definitivo en el proceso promovido por la hoy embajadora ante la OEA, Cossette López.
La decisión del juez se da tras certificar el desistimiento tácito de la acción privada por inactividad procesal. La falta de impulso en el expediente durante los plazos legales derivó en la extinción de la causa judicial.
De acuerdo con las explicaciones brindadas por el portavoz judicial, Carlos Silva, el juez unipersonal asignado al caso tiene la posibilidad de revisar la resolución, siempre que alguna de las partes presente las acciones legales correspondientes.
Entre los mecanismos que contempla la legislación se encuentran la interposición de un recurso de reposición, una solicitud de nulidad o la petición de una audiencia para dejar sin valor ni efecto el auto que establece el sobreseimiento definitivo.
Silva explicó que las querellas de naturaleza privada avanzan a partir de las solicitudes que presentan las partes involucradas, por lo que corresponde a los equipos de defensa promover las acciones necesarias para que el proceso tenga continuidad.
En ese sentido, una vez presentada la impugnación, el juez podría revisar su determinación y eventualmente anularla o dejarla sin efecto, permitiendo que la querella continúe su trámite judicial.
La acción penal fue interpuesta por Cossettes López por los delitos de revelación de secretos y calumnias, luego de que Ochoa la acusara públicamente de conspirar contra el proceso electoral de 2025 mientras ambos integraban el pleno del Consejo Nacional Electoral.
Paralización de tres meses en el procedimiento
La resolución del órgano jurisdiccional surge en respuesta al escrito presentado el pasado 4 de noviembre por el apoderado legal de Ochoa, Manuel Díaz Galeas, en el que solicitó desestimar la acción privada.
Según el expediente judicial, la querella fue recibida el 16 de junio, y únicamente dos días después, el 18 de junio se registró la última gestión a cargo de la abogada Danelia Ferrera Turcios, representante de la parte querellante.
Al realizar el cómputo aritmético correspondiente, la judicatura constató una paralización de tres meses en el procedimiento por falta de impulso de la acusación, acumulando en total ocho meses de inactividad procesal.
En ese sentido, el tribunal subrayó que es facultad exclusiva de la parte presuntamente agravada ejercer su derecho de reclamar o consentir el agravio. Por consiguiente, ante la inactividad demostrada, la sede judicial resolvió con lugar la petición de la defensa y extinguió definitivamente el proceso penal.
Cómputo de plazos e inactividad en el expediente
Según constaría en el auto de notificación dictado por la Secretaría del Tribunal, el recorrido del proceso penal se basó en los siguientes registros:16 de junio de 2026: Ingreso formal de la querella presentada por López contra Ochoa por la supuesta comisión de los delitos de revelación de secretos y calumnias.
18 de junio de 2026: Fecha consignada por el tribunal como la última diligencia impulsada por la representación legal de la querellante.
Cossette López presentará recurso
"Cómo es posible que un tribunal decida no dar continuidad a un proceso judicial, justificándose en la inactividad de un expediente que es adjudicable al propio tribunal", cuestionó López a través de sus redes sociales.
La exfuncionaria rechazó el argumento de la falta de impulso procesal, señalando que existen escritos presentados por la parte querellante, como uno fechado el 8 de septiembre que aún no ha sido resuelto, a diferencia de la solicitud de la defensa ingresada el 4 de noviembre, la cual fue atendida con celeridad.
En la misma línea, la abogada Daniela Ferrera expresó su inconformidad con el fallo judicial, cuestionando el trato diferenciado en la tramitación de las peticiones.
"Lo que no entendemos es que nuestra solicitud no haya sido resuelta, pero la de la defensa, que entiendo presentó un escrito el 4 de noviembre, sí fue atendida", manifestó.
López advirtió finalmente que, si la falta de resolución de los escritos se utiliza para decretar el archivo de casos bajo el pretexto de inactividad, alertando que cuando la indefensión alcanza estos niveles, la falta de acceso a la justicia se convierte en una política de Estado.
