En Guaimaca, Francisco Morazán, la Policía Nacional (PN) comenzó un operativo para eliminar grafitis y marcas vinculadas con maras y pandillas, con el propósito de recuperar espacios públicos y retirar símbolos que las estructuras criminales utilizan para identificar sus zonas de influencia.
La intervención representa una de las primeras acciones en territorio tras las reformas penales aprobadas el pasado 27 de octubre por el Congreso Nacional (CN), que incorporan disposiciones para combatir a las maras y pandillas y retirar sus manifestaciones visuales.
Durante el operativo, agentes policiales y personal municipal realizaron trabajos de pintura para cubrir rótulos, letras, dibujos y códigos atribuidos a organizaciones criminales en diferentes sectores del municipio.
Estas marcas suelen utilizarse para señalar territorios, advertir sobre la presencia de determinados grupos e intimidar a los habitantes de barrios y colonias, por ello, las autoridades buscan recuperar las paredes y espacios comunitarios donde permanecen estos mensajes.
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Además, la PN prevé extender gradualmente estas intervenciones a otros municipios del país, como parte de las acciones contempladas en las nuevas disposiciones.
Por su parte el presidente del CN, Tomás Zambrano resaltó a través de sus redes sociales la inmediata acción por parte de la policía, luego de la aprobación a las reformas, con la captura de miembros de maras y pandillas.
¿Qué establece la nueva reforma penal?
Los artículos 7 y 8 de las reformas facultan a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y las policías municipales para retirar grafitis, dibujos, murales y símbolos relacionados con maras, pandillas u otras organizaciones criminales.
En los espacios privados, la normativa establece que el propietario, poseedor o administrador tendrá un plazo máximo de 24 horas para eliminar estas expresiones, después de recibir la notificación correspondiente, si no cumple, las autoridades podrán intervenir directamente.
Asimismo, los cuerpos de seguridad podrán solicitar apoyo de las municipalidades, empresas de servicios públicos y voluntarios identificados, siempre bajo supervisión policial o militar.
Finalmente, cada intervención deberá documentarse y el retiro de los grafitis no impedirá que continúen las investigaciones para identificar a quienes presuntamente los elaboraron.
Con estas disposiciones, el Congreso busca impedir que las estructuras criminales utilicen las marcas visuales para proyectar control territorial en las comunidades hondureñas.
