El Congreso Nacional aprobó una reforma que permite realizar allanamientos sin orden judicial previa en operaciones interinstitucionales planificadas contra maras, pandillas y estructuras señaladas como terroristas. La medida recibió 119 votos el 28 de octubre y establece la participación de un fiscal del Ministerio Público en los procedimientos.

La disposición busca facilitar las intervenciones coordinadas contra organizaciones criminales, aunque su aplicación estará vinculada a las condiciones previstas en el marco aprobado. La reforma no debe interpretarse como una autorización general para ingresar a cualquier vivienda por una denuncia, una sospecha aislada o sin un objetivo identificado.

Tomás Zambrano defendió la medida y sostuvo que no representa una autorización ilimitada para la Policía.
Tomás Zambrano defendió la medida y sostuvo que no representa una autorización ilimitada para la Policía. · Foto: cortesía

Operaciones coordinadas y objetivos definidos


El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió el alcance de la medida y aseguró que la disposición no representa una autorización ilimitada para las fuerzas de seguridad.

“No es un cheque en blanco para la Policía”, expresó Zambrano al referirse a los límites de la reforma.

El planteamiento está dirigido a operaciones planificadas en las que participen distintas instituciones de seguridad y justicia, con objetivos previamente identificados y acompañamiento de un representante del Ministerio Público. La coordinación busca facilitar las acciones contra estructuras criminales sin eliminar las responsabilidades legales de quienes intervienen.


La reforma contempla operaciones coordinadas y la participación de un fiscal del Ministerio Público.
La reforma contempla operaciones coordinadas y la participación de un fiscal del Ministerio Público. · Foto: cortesía

Debate sobre los controles judiciales

La aprobación también pone sobre la mesa la discusión sobre los controles que deben acompañar los allanamientos. Durante el análisis de la medida se planteó la importancia de revisar judicialmente las actuaciones posteriores, una recomendación atribuida a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, no se ha confirmado que ese planteamiento haya quedado incorporado en el texto definitivo aprobado por el Congreso, por lo que el alcance exacto de los controles deberá verificarse en la versión oficial de la reforma.

Zambrano insistió en que la disposición está orientada a combatir estructuras criminales y no a habilitar intervenciones arbitrarias contra personas ajenas a esas organizaciones.
“No es que van a ir a cualquier casa solo por ir”, manifestó el titular del Legislativo.

Aplicación bajo responsabilidad de las autoridades


La implementación de la reforma exigirá que las instituciones involucradas definan cómo se documentarán los operativos, de qué manera se acreditarán los objetivos de cada intervención y cómo se garantizará la presencia fiscal establecida en la disposición.

El resultado de la medida dependerá de su aplicación conforme a la ley y de que las operaciones se dirijan contra los objetivos previstos. La coordinación entre Policía, Ministerio Público y demás instituciones será clave para ejecutar las acciones sin convertir la facultad en una herramienta de uso indiscriminado.

Con 119 votos, el Congreso dio luz verde a la reforma como parte de las acciones legislativas contra maras, pandillas y otras estructuras criminales. La publicación y revisión del texto definitivo permitirán precisar sus alcances y los mecanismos de control aplicables.