La reforma sobre legítima defensa, aprobada por el Congreso Nacional (CN), contempla la protección de viviendas, negocios, fincas, haciendas y vehículos ocupados, según lo establecido en la denominada Ley Casa Segura.
La disposición modifica el artículo 30 del Código Penal y establece una presunción de legítima defensa cuando una persona enfrenta el ingreso ilegal o violento a una propiedad y existe una amenaza contra la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio.
La reforma busca ofrecer respaldo jurídico a los ciudadanos que actúen para protegerse a sí mismos, a sus familiares o a otras personas presentes ante una situación de peligro.
¿En qué propiedades aplicaría?
En primer lugar, la disposición contempla la vivienda familiar, así como establecimientos comerciales donde una persona pueda enfrentar una intrusión.
También incluye fincas, haciendas y otras propiedades privadas que estén legítimamente en posesión de quien invoque la legítima defensa.
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Al respecto, Alex Berríos explicó que el proyecto busca respaldar a quienes se defiendan ante situaciones de violencia en sus propiedades.
“La ley Casa Segura es un proyecto que yo presenté hace tres o cuatro meses en el Congreso Nacional y lo que busca es darle una herramienta jurídica y un respaldo a los hondureños honrados y trabajadores que se defiendan dentro de sus hogares, negocios, haciendas, fincas y vehículos tripulados”, afirmó.
Asimismo, el texto incorpora los vehículos ocupados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la reforma.
Para estos casos, no basta con que una persona ingrese a una propiedad: debe existir una amenaza real, actual o inminente contra alguno de los bienes jurídicos que protege la norma.
La reforma busca reducir procesos judiciales
Por otra parte, el analista político y abogado Jaime Rodríguez consideró que la iniciativa busca dar mayor tranquilidad a quienes actúen para proteger sus bienes y a sus familiares ante una intrusión delictiva.
“Con esta ley lo que se está previendo es de que los dueños de casa tengamos la tranquilidad de que no vamos a vernos sometidos a un tedioso proceso por defender lo nuestro”, expresó Rodríguez en declaraciones a ICN News.
El abogado también sostuvo que la medida tendría un enfoque preventivo, pues, a su juicio, podría disuadir a quienes pretendan ingresar a propiedades ajenas para cometer delitos.
“Es una política de seguridad preventiva, o sea, ahora una persona tiene que pensarlo dos veces antes de meterse a la casa de otra persona porque está a tener todo el derecho entonces de poder actuar en contra de él”, manifestó.
La reforma establece condiciones
Por otra parte, el texto señala que la presunción de legítima defensa puede desvirtuarse mediante pruebas objetivas, técnicas y suficientes.
Las autoridades deberán investigar las circunstancias del hecho para determinar si la actuación respondió a una defensa legítima o si existieron elementos de ejecución, venganza, simulación o uso desproporcionado e injustificado de la fuerza.
Esto significa que la reforma no concede autorización ilimitada para emplear violencia contra cualquier persona que ingrese a una propiedad, la aplicación de la norma dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.
Finalmente, la aplicación de la reforma dependerá de su entrada en vigor conforme al procedimiento legal correspondiente, por ello, es necesario confirmar la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta antes de afirmar que sus disposiciones ya están vigentes.
¿Qué es la legítima defensa?
La legítima defensa es el derecho de una persona a protegerse a sí misma o a otras personas ante una agresión ilegítima, cuando necesita actuar para evitar un daño y se cumplen las condiciones que establece la ley.
Por ejemplo, si una persona entra por la fuerza a una vivienda y amenaza con atacar a sus habitantes, estos podrían actuar para defenderse, sin embargo, eso no significa que puedan utilizar cualquier nivel de violencia sin consecuencias legales: deben analizarse las circunstancias de cada caso.
