La Procuraduría General de la República (PGR), bajo la gestión del Procurador General, Dagoberto Aspra Iglesias, informa que el Estado cerrará el año 2026 con una reducción del 68.27% en el pago de honorarios a las firmas jurídicas internacionales.
Esta disminución corresponde a las firmas que representan al país en litigios y arbitrajes en el extranjero, en comparación con el 2025, último año de la administración anterior.
La reducción se produce pese a que el país enfrenta una mayor cantidad de procesos legales internacionales, tras la incorporación de nuevos casos.
La PGR atribuye el ahorro a una revisión de los contratos y las condiciones bajo las cuales se paga a los despachos jurídicos que defienden los intereses hondureños fuera del país.
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¿Cómo se logró reducir el gasto?
Entre las medidas adoptadas figura la renegociación de tarifas con las firmas que continúan prestando servicios al Estado.
También se eliminaron contrataciones duplicadas, con el objetivo de que cada proceso judicial o arbitral tenga una sola firma responsable de su defensa.
A esto se suma una revisión individual de los honorarios, tomando en cuenta la complejidad de los expedientes y la etapa procesal en la que se encuentran.
La institución, dirigida por el procurador general Dagoberto Aspra Iglesias, sostiene que los ajustes buscan reducir los costos sin debilitar la representación jurídica de Honduras.
Un fallo favorable en un arbitraje internacional
Como ejemplo de los resultados de esa defensa, la PGR destacó el laudo emitido el pasado 30 de septiembre por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La resolución favoreció a Honduras en el arbitraje ARB/23/3, promovido por la empresa JLL Capital.
Con esta decisión, el Estado quedó liberado de pagar la indemnización que reclamaba la compañía demandante.
La reducción de los honorarios y el resultado de este arbitraje forman parte de los argumentos presentados por la Procuraduría para respaldar su estrategia de defensa internacional.
El reto ahora es mantener esa capacidad de respuesta ante una cartera de litigios que continúa creciendo, mientras se procura un uso más eficiente de los recursos públicos.
Frente a los 4.21 millones de dólares asignados en 2025 al cierre de la administración pasada, el presupuesto proyectado para este año fiscal se sitúa en apenas 1.336 millones de dólares. Esta reducción equivale a una caída del 68.27%, lo que supone 2.874 millones de dólares menos para dichos servicios.
En el desglose anual, la PGR reportó pagos por 633,738.55 dólares en 2023, 1.97 millones de dólares en 2024 y 4.21 millones de dólares en 2025. Para el presente año, la cifra proyectada es de 1.336 millones de dólares.
