La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha impuesto sanciones disciplinarias a nueve funcionarios de la carrera judicial, tras detectar irregularidades en el desempeño de sus funciones, la decisión fue tomada por el pleno luego de analizar una docena de expedientes.
Entre los sancionados figuran dos jueces, uno multado con 15 días de salario y otro suspendido temporalmente, además, tres empleados auxiliares fueron separados definitivamente de sus cargos por anomalías en el manejo de expedientes judiciales.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el sistema judicial, mientras surgen críticas que señalan que estas medidas podrían estar normalizando prácticas irregulares dentro de la institución.
Revisión de expedientes
El pleno de la Corte Suprema de Justicia evaluó un total de 12 expedientes que involucraban a 14 funcionarios del sistema judicial, tras el análisis, se determinó que nueve de ellos incurrieron en faltas que ameritaban sanciones disciplinarias.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que las medidas adoptadas incluyen multas, suspensiones temporales y en los casos más graves, la cancelación definitiva de cargos.
Según explicó, las decisiones buscan mantener la integridad del sistema judicial y sancionar conductas que atenten contra la correcta administración de justicia.
Sanciones a jueces y destituciones en personal
Entre los casos más relevantes se encuentran dos jueces que recibieron sanciones, uno de ellos fue multado con 15 días de salario, mientras que el otro fue suspendido de sus funciones durante cinco días, ambos podrán reincorporarse a sus labores una vez cumplidas las medidas disciplinarias.
Por otro lado, el pleno determinó la cancelación de tres miembros del personal auxiliar, dos receptores y una secretaria, estas decisiones se tomaron luego de comprobarse irregularidades en el manejo de expedientes, lo que representa una falta grave dentro del sistema judicial.
Caso remitido al Ministerio Público
Uno de los expedientes revisados fue remitido al Ministerio Público para iniciar una investigación penal, el caso involucra a un receptor del interior del país, sobre quien recaen sospechas de posibles responsabilidades penales derivadas de su actuación.
Foto: El Heraldo
“Solamente el 1% de los nombramientos de funcionarios judiciales cumple con los requisitos de ley; el resto deben ser verificados», expresó Ana Cardona, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrado, en declaraciones para HRN.
A pesar de las sanciones impuestas, no han faltado las críticas, voces dentro y fuera del ámbito judicial consideran que las medidas podrían resultar insuficientes frente a la magnitud de las irregularidades detectadas.
Cardona afirma que lo que se ha hecho hasta ahora es legitimar las irregularidades cometidas en el nombramiento de funcionarios judiciales.
El caso reabre el debate sobre la necesidad de reformas estructurales en el Poder Judicial, orientadas a fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, en un contexto donde la confianza ciudadana sigue siendo un desafío pendiente.
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