La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló alrededor de 180 nombramientos realizados durante la gestión de la expresidenta Rebeca Ráquel Obando, según informó la magistrada Any Ochoa.
La decisión fue adoptada por mayoría de votos del pleno, tras analizar informes técnicos y legales sobre los procesos de contratación.
De acuerdo con las autoridades, los cargos anulados incluyen personal administrativo, jueces, defensores públicos y magistrados de cortes de apelaciones.
La determinación se tomó tras recibir las recomendaciones de una comisión especial encargada de auditar los traslados y designaciones recientes.
No obstante, se aclaró que los puestos no quedarán vacantes, ya que se ha delegado al Poder Ejecutivo la facultad de realizar nombramientos interinos para evitar que el sistema judicial quede sin respuesta ante la ciudadanía.
Ochoa explicó que esta medida busca garantizar la continuidad del servicio de justicia, evitando que se generen vacíos institucionales que afecten los procesos en curso en las diferentes jurisdicciones del país.
Asimismo, anunció que se convocará a un concurso público urgente, considerado como el mecanismo más transparente y adecuado para la selección del personal judicial.
La intención es que quienes aspiren a los cargos puedan competir en igualdad de condiciones, basados en sus méritos, competencias y capacidades profesionales.
Sobre señalamientos de supuestos nombramientos irregulares, la magistrada indicó que no se puede afirmar responsabilidad directa, ya que los informes presentados son de carácter cualitativo y cuantitativo, sin conclusiones definitivas en ese sentido.

Además, las autoridades reiteraron que el proceso de concurso permitirá depurar prácticas del pasado y garantizar que los nuevos nombramientos respondan a estándares de idoneidad.
Finalmente, se destacó que este proceso busca fortalecer la transparencia, la confianza ciudadana y la institucionalidad del Poder Judicial, promoviendo una justicia más abierta y basada en criterios técnicos.
Como parte de la resolución, el pleno otorgó facultades al presidente del Poder Judicial (PJ), Wagner Vallecillo, para contratar de forma interina al personal necesario.
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