La Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional inició el miércoles el análisis de una serie de reformas a la Ley de Telecomunicaciones con el objetivo de frenar las extorsiones que se originan desde los centros penitenciarios del país y fortalecer los controles dentro del sistema carcelario hondureño.
Como parte de las medidas inmediatas, las empresas de telecomunicaciones se comprometieron a iniciar a partir del viernes 22 de mayo el bloqueo total de señales y comunicaciones ilegales que salgan desde las cárceles del país.
La reunión se desarrolló con representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y empresas del sector como Tigo, Claro y Starlink.
En el encuentro participaron Sebastián Benedit, CEO de Tigo; Froylán Ayón, CEO de Claro; el general Walter Amador Lacayo, director del INP; José Villeda, representante de Starlink, y Fernando Anduray, presidente de Conatel.
Operadoras reforzarán bloqueos de señal
Durante la reunión, las empresas de telecomunicaciones confirmaron que ampliarán las medidas de bloqueo de señal dentro y alrededor de los centros penitenciarios.
Según Saraí Espinal, diputada y presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones, Tigo y Claro informaron que ya realizaron inversiones en sistemas de bloqueo y control para impedir comunicaciones ilegales desde las cárceles.
Además, Starlink notificó que implementará bloqueadores de señal satelital, un mecanismo que hasta ahora no estaba regulado dentro de la legislación hondureña.
“Las operadoras de Tigo y Claro nos han manifestado que ellos han invertido en controladores y bloqueos de señales dentro de los centros penitenciarios del país”, declaró la diputada.
La congresista del Partido Liberal aseguró que la telefonía satelital se convirtió en una de las principales vías utilizadas por estructuras criminales para mantener comunicaciones desde prisión.
“Las llamadas eran satelitales y de esas no tenían control las operadoras Tigo y Claro”, explicó.
Más controles y sanciones
La Comisión de Telecomunicaciones también trabaja en reformas para establecer multas específicas a empresas satelitales y sanciones penales contra funcionarios penitenciarios que permitan el ingreso de celulares, antenas o equipos de comunicación.
“Explíqueme usted cómo ingresa una antena dentro de un centro penal”, cuestionó Espinal al referirse al ingreso ilegal de equipos tecnológicos en las cárceles.
La diputada sostuvo que las nuevas disposiciones responsabilizarán directamente a custodios y directores de centros penales si permiten actividades ilícitas dentro de las instalaciones.
Asimismo, las autoridades analizan regular el perímetro cercano a las cárceles para impedir la cobertura de señal satelital en esas zonas.
Llamadas bajo monitoreo
De acuerdo con datos brindados por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), desde la llegada de las nuevas autoridades se detectaron 86 llamadas salientes desde centros penales. Sin embargo, Espinal aclaró que entre 36 y 38 comunicaciones provinieron de cabinas autorizadas para llamadas a familiares y abogados.
La legisladora aseguró que las autoridades ya mantienen vigilancia permanente sobre las comunicaciones que salen desde las cárceles.
“Cada llamada que sale de los centros penitenciarios del país está siendo escuchada por un equipo de inteligencia de comunicaciones militares”, advirtió.
Incluso relató que recientemente un privado de libertad intentó realizar un cobro extorsivo y fue localizado de inmediato por los equipos de inteligencia.
Verificación obligatoria para compra de chips
Otro de los puntos discutidos durante la reunión fue el fortalecimiento de controles para la venta de chips telefónicos mediante verificación obligatoria con el Registro Nacional de las Personas (RNP).
El presidente de Conatel, Fernando Anduray, afirmó que las nuevas medidas impedirán la comercialización anónima de líneas telefónicas utilizadas en actividades criminales.
“No se venderán chips sin verificación, porque son utilizados en delitos de extorsión y criminalidad”, manifestó Anduray.
La Comisión de Telecomunicaciones anunció que continuará reuniéndose periódicamente con las instituciones de seguridad y empresas del sector para evaluar la efectividad de las medidas y definir nuevas acciones contra las redes criminales que operan desde los centros penitenciarios.
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