El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que endurecen las penas contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, marcando un cambio en el enfoque de las autoridades hacia las maras y pandillas, que ahora pasan a ser consideradas como grupos terroristas.
La iniciativa recibió el respaldo unánime de las cinco bancadas representadas en el Legislativo, en una sesión marcada por el debate sobre la seguridad ciudadana y la crisis penitenciaria que enfrenta el país.
El diputado del Partido Nacional, Marcos Paz, explicó que las modificaciones contemplan penas de hasta 20 años de prisión para quienes integren redes de extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos hondureños.
Sobre este delito, Paz detalló: «No solo van a perseguir al que va a dejar el papelito o un celular, sino que también está incorporando elementos como el de entregar, pagar, transferir, depositar dinero, el que preste una cuenta bancaria, el que retire ese dinero ilícito, el que invierta o reinvierta ese dinero que es proveniente de la extorsión».
Además, las nuevas disposiciones castigan con mayor severidad a quienes utilicen uniformes policiales o prendas similares para cometer delitos, una práctica que, según las autoridades, ha sido utilizada por estructuras criminales para intimidar, secuestrar y ejecutar extorsiones.
Asimismo, se aumentaron las penas e incorporaron causales de agravante del delito cuando se utilice a mujeres, menores, servidores públicos o personas que trabajan en el sistema financiero.
Maras y pandillas ahora son considerados «terroristas»
Con estas reformas, el Estado busca reforzar el combate contra las maras y pandillas, a las que ahora se les da un tratamiento equivalente al de organizaciones terroristas debido al impacto de sus acciones sobre la población.
En la misma sesión, el Congreso también aprobó medidas para la construcción de nuevos centros penitenciarios, con el objetivo de reducir el hacinamiento y evitar que ahora «terroristas» continúen operando desde las cárceles.
Aunque distintos sectores consideran que el endurecimiento de penas envía un mensaje firme contra el crimen organizado, expertos en seguridad advierten que las reformas deben ir acompañadas de prevención, fortalecimiento institucional y programas de rehabilitación.
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