Organizaciones exigen libertad para líderes sociales salvadoreños

Tegucigalpa, Honduras (21.01.2023).- Al menos 250 organizaciones internaciones exigieron la libertad y retiro de cargos para líderes sociales y defensores del agua detenidos el 11 de enero con delitos que corresponden a los años entre 1980 y 1992 de la época de la guerra fría.

Una nota de organizaciones de países de América Latina, el Caribe, Europa y Norteamérica recuerda que el 11 de enero, por orden de la Fiscalía de El Salvador, la Policía arrestó a cinco destacados defensores del agua: Salvador: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.

En ese mismo sentido, reseñan que estos líderes sociales fueron parte de la «histórica y exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica de metales en 2017», con el propósito de salvar los ríos de esa nación centroamericana.

Por ello, recuerdan, en el año 2009, el Instituto de Estudios de Políticas (lPS) honró a la coalición que varios de los cinco ayudaron a construir, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, con el Premio de Derechos Humanos Letelier-Moffitt de lPS.

Denuncian que «gracias en parte a su desacertada adopción del Bitcoin, el Gobierno salvadoreño está bajo una enorme presión para encontrar nuevos ingresos», por lo cual Nayib Bukele estaría «considerando revocar la prohibición de la minería y permitir la minería destructiva para el medio ambiente».

Sin embargo, los cinco están acusados por el Fiscal General de El Salvador de un presunto asesinato de hace más de 30 años durante la brutal guerra civil en El Salvador que cobró la vida de 75.000 personas, en la que «una dictadura respaldada por los Estados Unidos y escuadrones de la muerte derechistas mataron a decenas de miles».

Exigencia de las organizaciones denunciantes

Por ello los firmantes, piden que se debe investigar y enjuiciar a los responsables de los violadores de derechos humanos durante esa época. Lo anterior, cometidos por militares salvadoreños contra la comunidad de Santa Marta, entre ellos la matanza en el rio Lempa en 1980.

En ese lugar fueron asesinadas 30 personas y al menos 189 desaparecidos y l Gobierno de Nayib Bukele «ahora está revictimizando a la comunidad al atacar a sus lideres, quienes se han manifestado abiertamente en contra de las políticas del gobierno actual».

 

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