El sistema penitenciario de Honduras inicia una nueva etapa con el nombramiento del general en condición de retiro Walter Amador como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tras que el Gobierno disolviera la Comisión Interventora que estaba a cargo del sistema carcelario del país.
Al asumir este cargo, Amador aseguró que esto constituye un reto para garantizar el orden dentro de los centros penales, explicando que existe un plan estratégico 2026-2030 para fortalecer el control institucional y mejorar la gestión penitenciaria.
La principal medida será el bloqueo de las señales de comunicación dentro de las cárceles. Con esto se busca impedir que los privados de libertad continúen coordinando actividades ilícitas, como la extorsión, desde su interior.
La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más afecta a la población. Comerciantes, transportistas y pequeños negocios son los más perjudicados. Por esta razón, el fortalecimiento del control en los centros penitenciarios se ha convertido en una prioridad para las autoridades de seguridad.
Bloqueo de señal para frenar delitos
El bloqueo de señal tiene como objetivo reducir el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles. En muchos casos, estos dispositivos han sido utilizados para realizar llamadas de amenaza y exigir pagos ilegales. Con esta acción se espera disminuir la capacidad operativa de las estructuras criminales.
Las autoridades también señalaron que este plan forma parte de una estrategia más amplia. Esta incluye mayor vigilancia, mejoras en los sistemas de control y coordinación entre instituciones de seguridad. Además, se busca identificar y desarticular redes criminales que operan tanto dentro como fuera de los centros penales.
Por otra parte, el Gobierno considera que estas medidas también tendrán un impacto positivo en la economía. Al reducir la extorsión, se espera mejorar la confianza de la ciudadanía y crear un entorno más seguro para las actividades comerciales.
Sectores productivos han expresado que estas acciones representan un avance importante en la lucha contra este delito.
Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar implementando estrategias de seguridad. El objetivo es fortalecer el sistema penitenciario y reducir la criminalidad organizada en todo el país.
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