La Secretaría de Seguridad anunció que enfocará sus operaciones en los 30 municipios con los índices más altos de criminalidad en Honduras, territorios donde se concentra alrededor del 70 % de los hechos violentos registrados a nivel nacional. La medida forma parte de una estrategia que busca reducir los homicidios y golpear las estructuras del crimen organizado.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que este plan se desarrolla en el marco de los primeros 180 días de gestión del presidente Nasry Asfura, periodo en el que, según afirmó, se ha impulsado una reorganización interna de la institución para reforzar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional.
Como parte del balance presentado, el funcionario informó sobre la desarticulación de 117 estructuras criminales, el decomiso de más de 4,000 armas de fuego y la captura de casi 5,000 personas señaladas de tener vínculos con organizaciones delictivas, resultados que, aseguró, reflejan el fortalecimiento de las acciones de seguridad en el país.

Operativos se concentran donde ocurre la mayor violencia
La Secretaría de Seguridad anunció que redoblará la presencia policial en los 30 municipios que concentran la mayor parte de la violencia en Honduras, con el objetivo de impactar directamente los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto.
Según el funcionario, alrededor del 70 % de los hechos violentos se registran en esas localidades, por lo que la estrategia busca focalizar el trabajo policial, la inteligencia y la investigación criminal en los sectores con mayor incidencia delictiva.
Velásquez indicó que esta metodología pretende optimizar los recursos disponibles y aumentar la efectividad de las operaciones, concentrando el esfuerzo institucional en las zonas consideradas prioritarias.
Como parte del balance de los primeros seis meses de gestión, el ministro informó que las fuerzas de seguridad han desarticulado 117 estructuras criminales que operaban en distintas regiones del país.
Asimismo, señaló que más de 4,000 armas de fuego fueron retiradas de circulación durante diversos operativos, mientras que cerca de 5,000 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con bandas delictivas y otros hechos criminales.

Velásquez aseguró que estas acciones ya comienzan a reflejarse en los indicadores de violencia. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la Secretaría de Seguridad, los homicidios registran una reducción superior al seis por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa aproximadamente un centenar de muertes menos.
Seguridad reconoce deuda heredada de L3 mil millones
El ministro también aseguró que la actual administración recibió una Secretaría de Seguridad con una deuda cercana a los 3 mil millones de lempiras, situación que, según explicó, comprometía el funcionamiento de la institución.
Detalló que entre las obligaciones pendientes figuraban salarios de agentes policiales, cuotas patronales, alquileres de vehículos, combustible, servicios públicos y otros compromisos financieros que debieron cubrirse con recursos asignados al presupuesto de 2026.

Velásquez indicó que durante 2025 se incorporaron promociones policiales sin respaldo presupuestario suficiente, situación que dejó sin salario durante los últimos meses del año a alrededor de 1,600 agentes pertenecientes a las promociones 116 y 117.
El funcionario sostuvo que más de la mitad de esa deuda ya ha sido cancelada mediante un proceso de saneamiento financiero impulsado desde el inicio de la actual administración.
Fortalecen inteligencia para combatir el crimen

Además del despliegue operativo, la Secretaría de Seguridad informó que ha reforzado las capacidades de investigación criminal mediante la recuperación del sistema IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística), una herramienta utilizada para el análisis forense de armas de fuego y la vinculación de evidencia balística en investigaciones penales.
El ministro señaló que el fortalecimiento tecnológico forma parte de una estrategia más amplia que también incluye acciones contra la extorsión, el incremento de labores de inteligencia y el fortalecimiento de la presencia policial en territorios considerados de mayor riesgo.





