El operativo se desarrolló durante la mañana de este lunes 2 de noviembre, bajo un fuerte dispositivo que involucró al Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y otras unidades de seguridad.
¿Quiénes fueron trasladados?
De acuerdo con el director del INP, general Walter Amador Lacayo, de los 567 reclusos movilizados, 555 no pertenecen a maras ni pandillas y 12 corresponden a personas recientemente capturadas y designadas como integrantes de asociaciones terroristas.
“Estamos trasladando en este momento 567 privados de libertad; 555 son de esas personas privadas de libertad que no pertenecen a estructuras y 12 son de los últimos que han sido capturados que ya están con la designación de terroristas”, explicó el funcionario.
En ese sentido, los 555 internos serán ubicados en uno de los edificios de Támara que las autoridades inauguraron en mayo, donde podrán cumplir regímenes de mediana o mínima seguridad, según su clasificación penitenciaria.
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Por su parte, los 12 señalados como integrantes de estructuras terroristas ingresarán a los módulos de máxima seguridad habilitados en ese centro penal.
La Tolva quedará con 1,200 integrantes de la MS-13
“Estamos sacando el excedente que no son de estructuras y solo vamos a dejar miembros de estructuras de la Mara MS en La Tolva”, manifestó.
Además, el director del INP detalló que la intención es mantener en ese establecimiento a unos 1,200 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Traslados continuarán según las necesidades
Finalmente, el funcionario indicó que la movilización de internos entre centros penitenciarios forma parte de las operaciones habituales de la institución.
“Las operaciones de traslado de nosotros son el pan de cada día”, afirmó, aunque reconoció que este movimiento representa el de mayor magnitud que han ejecutado en el marco de la reorganización de los centros de máxima seguridad.
El traslado también se enmarca en la aplicación de la nueva Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada mediante el Decreto 208-2026.
La normativa establece condiciones especiales de reclusión, restricciones de comunicación y vigilancia reforzada para las personas comprendidas en sus disposiciones.
