Las instituciones de seguridad y justicia de Honduras contarán con disposiciones orientadas a coordinar sus acciones contra estructuras delictivas específicas, a partir de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional, explicó Lennin Pineda, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, durante su participación en el foro Agenda Nacional de Televisión Nacional de Honduras.
El funcionario señaló que los cambios buscan facilitar la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales mediante operaciones planificadas, con responsabilidades definidas para las entidades involucradas y mecanismos de autorización y supervisión.
Intervenciones bajo planificación institucional
Pineda detalló que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá a su cargo la autorización de los territorios donde se desarrollarán las operaciones, mientras que la Agencia Nacional contra el Crimen asumirá la planificación y las instituciones correspondientes ejecutarán las acciones.
Al explicar el esquema de supervisión, el representante policial destacó que las intervenciones deberán seguir procedimientos establecidos y no dependerán de decisiones aisladas de los agentes desplegados en las calles.
“Cuántos candados, cuántos filtros, cuántos pesos y contrapesos”, expresó Pineda al referirse a los mecanismos previstos para regular el desarrollo de estas operaciones.
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Medidas enfocadas en organizaciones criminales
El director de Comunicación Estratégica indicó que las reformas están orientadas a enfrentar estructuras que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ha catalogado como asociaciones terroristas. Entre las organizaciones mencionadas figuran la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el denominado Cártel del Diablo.
Pineda sostuvo que las disposiciones tienen un ámbito de aplicación específico y no sustituyen las normas ordinarias que rigen para el resto de la población.
“Para el resto de la sociedad quedamos aplicando los artículos que ya están establecidos en el Código Penal y en el Código Procesal Penal”, afirmó.
De acuerdo con su explicación, el propósito es contar con herramientas para actuar frente a las estructuras señaladas, manteniendo para los demás casos la aplicación de la legislación penal correspondiente.
Seguridad con metas y evaluación de resultados
Pineda también se refirió a los objetivos de la política de seguridad, que contempla indicadores para medir avances en la reducción de las muertes violentas, los feminicidios y los fallecimientos por accidentes de tránsito.
Agregó que la planificación incorpora lineamientos estratégicos vinculados con instrumentos nacionales e internacionales, con el objetivo de orientar las acciones institucionales y evaluar sus resultados.
La coordinación entre las entidades de seguridad y justicia explicó, constituye uno de los componentes previstos para mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las organizaciones criminales.
CODEH recuerda obligaciones en materia de derechos humanos
Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señaló que las medidas de seguridad en el sistema penitenciario deben acompañarse del respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Maldonado recordó que Honduras es suscriptor de tratados internacionales en materia de derechos humanos y subrayó la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios, sin apartarse de los compromisos legales asumidos por el país.
Su planteamiento puso énfasis en la necesidad de que la gestión penitenciaria combine el control institucional con el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
