Honduras aprueba penas de 40 años por terrorismo y cadena perpetua para cabecillas

Honduras aplicará sanciones más severas contra las organizaciones criminales mediante una reforma penal que aumenta hasta 40 años de prisión las condenas por terrorismo e incluye la cadena perpetua para los líderes de estas estructuras y las personas que involucren a menores de edad en sus actividades.

La Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas fue aprobada en un único debate por el Congreso Nacional, con 119 votos a favor, tras una jornada legislativa de más de dos horas.

El paquete también contempla restricciones a los beneficios penitenciarios, amplía el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una detención y refuerza las operaciones de seguridad y el control en los centros penales.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la iniciativa como una herramienta para recuperar la seguridad en el país.

"Desde este Congreso no vamos a descansar hasta que Honduras recupere la paz y la seguridad", afirmó.

Penas de hasta 40 años y prisión de por vida

Uno de los principales cambios de la reforma es el aumento de las penas por terrorismo. Según lo expuesto por Zambrano, las condenas pasarán de un rango de 15 a 20 años a uno de entre 30 y 40 años de prisión.

Para los cabecillas de las estructuras criminales, la normativa contempla penas de hasta privación de libertad de por vida.

La misma sanción se prevé para quienes recluten a menores de edad para incorporarlos a maras, pandillas o asociaciones terroristas.

Además, el paquete incluye penas de entre 40 años de prisión y privación de libertad de por vida para quienes atenten contra integrantes de las instituciones de seguridad y justicia y les causen la muerte.

"Se aumenta la pena contra los terroristas", señaló Zambrano al explicar los alcances de la reforma.

La normativa también establece restricciones a los beneficios penitenciarios para las personas condenadas por los delitos comprendidos en sus disposiciones.

Entre las medidas señaladas figura la exclusión de la libertad condicional y la preliberación, lo que limitaría las posibilidades de que los condenados accedan a mecanismos de excarcelación anticipada.

El alcance de estas restricciones dependerá de las disposiciones específicas del decreto aprobado y de las condiciones legales aplicables a cada condena.

La medida forma parte del endurecimiento del régimen penal y penitenciario dirigido contra las estructuras criminales.

El plazo fiscal pasa de 24 a 48 horas

Otro de los cambios modifica el tiempo disponible para presentar un requerimiento fiscal después de una detención, que pasa de 24 a 48 horas.

Zambrano explicó que la ampliación busca dar más tiempo a las autoridades para reunir elementos probatorios en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

"Es una reforma al Código Penal y Procesal Penal que, en resumen, es ampliar de 24 a 48 horas la presentación de requerimientos fiscales cuando se detienen a grupos terroristas", declaró.

La modificación pretende facilitar la consolidación de las pruebas antes de presentar el requerimiento ante los órganos jurisdiccionales.

Allanamientos sin orden judicial en operaciones coordinadas

La reforma también contempla la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en el marco de operaciones interinstitucionales, según lo explicado por el presidente del Congreso.

Zambrano sostuvo que esta facultad no debe interpretarse como una autorización irrestricta para que los agentes policiales ingresen a cualquier vivienda.

"No es un cheque en blanco para un policía", afirmó.

Según el legislador, las intervenciones estarán sujetas a la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia y contarán con el acompañamiento de un fiscal del Ministerio Público.

El objetivo, añadió, es agilizar las operaciones contra las estructuras criminales y permitir que las autoridades intervengan en los lugares donde estas mantienen sus actividades.

La aplicación de esta disposición deberá ajustarse al texto definitivo de la reforma y a las garantías establecidas en la Constitución de la República y el Código Procesal Penal.

Tatuajes y eliminación de símbolos criminales

La normativa también aborda la simbología relacionada con las maras y pandillas en las comunidades.

Durante su intervención, Zambrano afirmó que los tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la pandilla Barrio 18 quedarían comprendidos en las medidas contra estas organizaciones.

El presidente del Legislativo aclaró que, según su explicación, la disposición no se dirige a las personas que tienen tatuajes artísticos, familiares o de otra naturaleza.

Sin embargo, el alcance de esta medida deberá precisarse a partir del texto legal definitivo. La presencia de un tatuaje, por sí sola, no demuestra necesariamente la pertenencia de una persona a una estructura criminal.

La reforma también busca eliminar la simbología de las pandillas en barrios y colonias donde estas organizaciones ejercen influencia, como parte de una estrategia más amplia para recuperar el control territorial.

Más controles en las cárceles

El paquete de reformas incluye medidas para reforzar la disciplina y la vigilancia en los centros penitenciarios, especialmente en los módulos de máxima seguridad.

Zambrano indicó que se establecerán sanciones para los privados de libertad que incumplan las normas, las instrucciones de las autoridades penitenciarias o las disposiciones legales.

Según explicó, algunas de estas modificaciones responden a solicitudes del Instituto Nacional Penitenciario.

Las medidas buscan fortalecer el control dentro de las cárceles y limitar la capacidad de las estructuras criminales para mantener sus operaciones desde los centros de reclusión.

Congreso defiende la reforma por seguridad

La aprobación contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial y de las instituciones de seguridad. De acuerdo con la información proporcionada sobre la sesión, nuevos parlamentarios del Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de votar.

Zambrano afirmó que el Congreso Nacional respalda las acciones de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad y recuperar la tranquilidad de las comunidades.

"No podemos seguir siendo presos de los delincuentes", manifestó.

El legislador se refirió a las familias que, según dijo, evitan salir de sus viviendas durante la tarde por temor a la inseguridad y aseguró que la intención de la reforma es devolver los espacios públicos a la población.

Las medidas aprobadas endurecen las sanciones penales y amplían las herramientas de actuación de las autoridades. Su aplicación, sin embargo, dependerá del contenido definitivo de la ley y de las garantías legales que rijan los procedimientos.

El Congreso Nacional convocó a los diputados a una nueva sesión para las 4:00 de la tarde de este miércoles