La nueva Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos impulsada por el presidente Asfura apoyará a las familias de bajo ingresos para que puedan obtener una vivienda propia.
El plan tiene como propósito ayudar a las personas que no poseen vivienda propia; asimismo, a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Sin embargo, los beneficios y las condiciones de acceso dependerán del nivel de ingresos y del tipo de asistencia al que pueda aplicar cada familia.
También se consideran opciones para familias que ya poseen un terreno y necesitan financiamiento para construir, así como para quienes requieren mejorar su vivienda.
Cabe mencionar que una evaluación para identificar a los beneficiados será realizada por las instituciones correspondientes.
¿Qué se podrá financiar?
El mecanismo financiero contempla distintas necesidades habitacionales que serán de mucha ayuda para las familias que se encuentran en plan de lograr una vivienda propia, entre ellas se encuentran:
- Compra de vivienda nueva.
- Construcción de vivienda en terreno propio.
- Compra de un terreno y construcción de vivienda.
- Liberación de un terreno y posterior construcción.
- Mejoramiento de vivienda existente.
La política también busca incentivar los proyectos multifamiliares, como edificios de apartamentos, para ampliar las alternativas habitacionales, especialmente en ciudades donde el costo de los terrenos dificulta la adquisición de una casa.
¿A qué lugares tendrán que acudir las familias interesadas?
El presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Sergio Amaya, mencionó las sucursales donde las familias interesadas podrán acudir para obtener este beneficio.
La atención se realizará en siete diferentes sucursales, como:
- Bancos
- Cooperativas
- Sociedades
- Financieras
- Microfinancieras
- Organizaciones privadas de desarrollo financiero
- Cajas rurales
La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos fue aprobada mediante el decreto ejecutivo PCM-018-2026, con el propósito de establecer un marco permanente para orientar las acciones del Estado en esta materia.
