El gobierno hondureño puso bajo revisión las planillas de las secretarías de Educación y Salud, luego de los señalamientos presentados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre el manejo de los recursos humanos en el sector público. La verificación estará a cargo de la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de Servicio Civil, con el propósito de determinar si las plazas asignadas corresponden a las necesidades institucionales y si el personal cumple con sus funciones.
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó que las instituciones trabajan de manera coordinada para examinar la información disponible y dar seguimiento a las denuncias. El proceso busca establecer si existen inconsistencias administrativas que requieran correcciones o investigaciones adicionales.
Revisión de plazas y funciones del personal
Hernández Hércules señaló que la denuncia presentada por la ASJ requiere atención y que las autoridades deben examinar los registros de las instituciones involucradas.
“Hemos visto con mucha atención la denuncia interpuesta por la ASJ”, expresó el funcionario al referirse a los señalamientos que dieron paso a la revisión.
La participación de Servicio Civil será clave para comprobar la asistencia de los empleados, las funciones que desempeñan y la correspondencia entre los puestos asignados y las necesidades de cada dependencia. El ministro explicó que “corresponde a Servicio Civil hacer una revisión minuciosa de lo que está llevando a cabo cada una de las diferentes secretarías, para poder identificar si las personas están llegando a trabajar, si realmente les corresponden las plazas que tienen o si están ocupando plazas de personas que no están en su trabajo”.
Las autoridades deberán determinar, con base en la documentación y las verificaciones correspondientes, si existen casos que ameriten medidas administrativas o el traslado de hallazgos a los organismos competentes.
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ASJ reporta más empleados y menos estudiantes
Uno de los principales puntos bajo observación es el comportamiento de la planilla de Educación. Según el informe “Planillas en desorden”, presentado por la ASJ el 27 de octubre, la matrícula pública disminuyó en 87,134 estudiantes entre 2022 y 2026, mientras que la planilla aumentó en 4,191 empleados durante ese período.
El mismo análisis señala que el personal administrativo pasó de 5,251 empleados en 2022 a 6,350 en 2026. Además, la organización estimó que el 85 % del presupuesto de Educación ejecutado en 2025 se destinó al pago de salarios.
La ASJ también expuso posibles problemas en la distribución de docentes, registros de plazas en oficinas administrativas y casos que, a su juicio, requieren una revisión más profunda. Estos señalamientos forman parte de una denuncia y deberán ser contrastados por las instituciones responsables antes de establecer eventuales responsabilidades.
Control del gasto y transparencia institucional
La revisión permitirá verificar si los recursos destinados al pago de personal están vinculados con las funciones y necesidades reales de las instituciones públicas. En el caso de Educación, el desafío incluye examinar la distribución de los docentes para que la atención llegue a los centros que más lo necesitan, mientras que en Salud será necesario comprobar la situación de las plazas y el cumplimiento de las funciones asignadas.
Finanzas mantiene coordinación con los organismos de control para facilitar la documentación que pueda ser requerida durante las investigaciones. Los resultados deberán precisar si se encuentran inconsistencias y qué medidas corresponden en cada caso.
Con este procedimiento, el Gobierno busca fortalecer los controles sobre las planillas estatales y contar con información verificable para la toma de decisiones. La revisión no supone que todas las observaciones estén comprobadas; serán las investigaciones y los documentos oficiales los que permitan determinar si existen irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
