Los menores de 12 a 18 años en El Salvador serán sentenciados a cadena perpetua a partir del 26 de abril al entrar en vigor una reforma de la Constitución que busca frenar la criminalidad organizada y las pandillas de esa nación.

Según una publicación del Diario Oficial, la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, establece que la prisión perpetua se aplicará a los condenados por los delitos de homicidio, feminicidio y violación.

La reforma también introduce la revisión obligatoria de la prisión perpetua para menores una vez cumplidos los 25 años de cárcel, un punto que se diferencia de la aplicada en adultos.

Antes de la aprobación de esta nueva ley, el máximo de pena para adolescentes de 12 años que cometían homicidio, secuestro, extorsión o delitos sexuales era de 10 años, y para los mayores de 16, era de 15 años de reclusión.

En el caso de menores vinculados con delitos de organización terrorista, la pena se extendía hasta los 20 años.

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En la misma sesión también se reformaron leyes del código Penal y Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.

Además, se incluyó la Ley Orgánica Judicial, que convierte a los juzgados de menores en tribunales de lo criminal; también contempla la creación de un mecanismo de revisión para los casos en los que se aplique la cadena perpetua.

Reformas Constitucion El Salvador
La reforma permitirá la revisión obligatoria de la condena de menores una vez cumplidos 25 años de encarcelamiento. Foto: cortesía Fiscalía General

Preocupación por cadena perpetua a menores

El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresaron su «profunda preocupación» por las reformas de cadena perpetua para menores de edad.

Según una publicación de CNN, estos organismos coinciden en que los adolescentes en situación de riesgo y en conflicto con la ley deben recibir un trato que «priorice su rehabilitación y reintegración» a la sociedad.

Por lo tanto, sostienen que la prisión debe ser el «último recurso y durante el menor tiempo posible».

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades salvadoreñas a «revisar con prontitud» los cambios a la Constitución.

Asimismo, calificó de «preocupantes» las reformas porque contradicen las normas internacionales.