El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) manifestó su inquietud por el estancamiento del proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien fue denunciado por presuntos ataques a la libertad de expresión y señalamientos contra periodistas hondureños.
El presidente del gremio, Juan Carlos Sierra, trasladó esta preocupación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), instancia a la que solicitó acompañamiento y vigilancia internacional para garantizar que el caso avance y no quede en la impunidad.
Durante su intervención, Sierra explicó que la denuncia surgió luego de que un medio de comunicación vinculado a las Fuerzas Armadas difundiera publicaciones en las que varios comunicadores fueron objeto de señalamientos que, a criterio del CPH, desacreditaron su trabajo y pusieron en riesgo el ejercicio del periodismo.
Entre los periodistas mencionados como afectados figuran Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, José Adán López y el propio Juan Carlos Sierra.
El titular del CPH recordó que en dichas publicaciones los comunicadores fueron señalados como “sicarios de la verdad”, calificativo que provocó el rechazo del gremio y llevó a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.
El Colegio de Periodistas insiste en que el caso debe recibir la atención correspondiente de las autoridades judiciales y considera necesaria la observación internacional para evitar que las denuncias por posibles vulneraciones a la libertad de expresión queden sin una respuesta.
El dirigente señaló que la comparecencia de un alto jerarca militar ante los tribunales representó inicialmente una señal de esperanza sobre la aplicación de la justicia sin distinciones.
Sin embargo, manifestó que el proceso permanece paralizado en la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, una situación que mantiene en alerta al gremio periodístico.
"La justicia lenta no es justicia, y la pausa de un caso de esta magnitud manda un mensaje preocupante de estancamiento", expresó Sierra.
Asimismo, sostuvo que los periodistas no buscan privilegios, sino que las leyes se apliquen y se establezca un precedente que garantice que ningún funcionario esté por encima de la ley.
Periodistas advierten sobre amenazas y autocensura
Durante su exposición, el presidente del CPH también describió el panorama que enfrenta el periodismo hondureño, donde, aunque reconoció una disminución de los crímenes directos en algunas zonas, advirtió sobre otras formas de intimidación.
Entre ellas mencionó la estigmatización desde espacios de poder, las campañas de deslegitimación y las agresiones que pueden obligar a los periodistas a abandonar sus comunidades por razones de seguridad.
Sierra consideró que el estancamiento del proceso contra Roosevelt Hernández no debe convertirse en un precedente de impunidad y pidió a la comunidad internacional que mantuviera su atención sobre el caso.
"El estancamiento de este caso no puede convertirse en cementerio de la justicia", manifestó.
También insistió en que la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas, sino una garantía de toda la ciudadanía, porque permite conocer información, fiscalizar a las autoridades y participar en los asuntos públicos.
Cossette López pide investigaciones oportunas y sin impunidad
Por su parte, Cossette López, quien intervino durante la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, expresó la preocupación por las condiciones en las que los comunicadores desarrollan su trabajo en Honduras.
La funcionaria reconoció la importancia de atender las denuncias relacionadas con amenazas, violencia y vulneraciones a la libertad de prensa, además de garantizar que las investigaciones se desarrollen con independencia y respeto al debido proceso.
En su intervención, advirtió sobre las consecuencias que puede generar la falta de respuestas judiciales para quienes han sido víctimas de agresiones.
"Sin lugar a dudas, la impunidad profundiza el sentimiento de las víctimas, favorece un clima de autocensura y envía el peor de los mensajes, si un periodista muere, no pasa nada, si una voz se apaga, no pasa nada", expresó.
López también señaló que la protección de los periodistas requiere acciones concretas para prevenir la violencia, garantizar sus derechos fundamentales e identificar a los responsables de las agresiones.
Exigen respuesta de los operadores de justicia
Las intervenciones ante la OEA pusieron nuevamente sobre la mesa la situación de la libertad de expresión en Honduras y la necesidad de que los casos relacionados con ataques a periodistas reciban una respuesta efectiva de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El CPH insistió en que el proceso contra el exjefe militar debe avanzar y que su desenlace puede representar un precedente importante para el ejercicio del periodismo y el respeto a las garantías constitucionales.
La exigencia del gremio es que las denuncias no queden archivadas ni paralizadas y que las autoridades judiciales actúen sin presiones, independientemente de los cargos o posiciones que ocupen las personas señaladas.
"No más impunidad y respeto absoluto a la labor periodística en Honduras", concluyó Juan Carlos Sierra.
La preocupación central del gremio es que la demora judicial termine debilitando la confianza de los periodistas en las instituciones y profundizando un ambiente en el que informar, investigar y cuestionar al poder pueda convertirse en una actividad de riesgo.
