El abogado Hermes Ramírez informó que la próxima semana el Congreso Nacional podría aprobar en tercer debate el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, impulsado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales organizadas en el país.
Ramírez explicó que las reformas ya superaron el segundo examen de ponderación dentro del Legislativo y que actualmente los diputados analizan observaciones y ajustes en la redacción de algunos artículos.
“Ya al día de ayer ha pasado el segundo examen de ponderación dentro de lo que es el Congreso Nacional. Los 128 diputados han estado pendientes de este paquete de reformas que pretende el Poder Ejecutivo”, expresó.
Asimismo, detalló que la iniciativa busca establecer un marco jurídico más fuerte contra las maras y pandillas. “Va a ser una decisión histórica la que se va a asumir, porque por primera vez Honduras va a seguir una política criminal orientada directamente a establecer que las maras y pandillas sean consideradas asociaciones terroristas”, manifestó.
Sugieren discusión y votación a puerta cerrada
El abogado también recomendó que la discusión y aprobación de las reformas se realice a puerta cerrada debido a preocupaciones de seguridad expresadas por varios parlamentarios.
“Muchos de ellos viven en departamentos complicados en el tema de seguridad, ellos temen por sus vidas, me lo han exteriorizado”, señaló Ramírez.
Añadió que no todos los diputados cuentan con medidas de protección adecuadas y recordó que reformas similares fueron discutidas bajo reserva en años anteriores.
“Lo más indicado y justo es que esa decisión de la tercera reforma se tome a puerta cerrada”, afirmó.
Corte Suprema emitió observaciones sobre derechos humanos
Ramírez explicó que inicialmente se contemplaba reformar siete artículos del Código Penal y cuatro del Código Procesal Penal; sin embargo, tras la opinión emitida por la Corte Suprema de Justicia, únicamente avanzarían ocho reformas.
“La opinión de la corte ha sido bastante clara, que se debe respetar el estándar de derechos humanos y los estándares de Naciones Unidas”, indicó.
Además, recordó que el artículo 219 de la Constitución establece que cualquier reforma a los códigos de la República debe ser consultada previamente con la Corte Suprema de Justicia, aunque dicha opinión no sea vinculante.
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