La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, presidida por el diputado David Maniza, sostuvo una reunión de trabajo con la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, CONADEH, abogada Blanca Izaguirre, representantes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), para conocer el informe “Entre la Ley y el Abandono”.
Este documento, analiza la respuesta estatal y el acceso a la justicia para personas defensoras del ambiente en el país.
Asimismo, en el encuentro participaron la abogada Abigail Canales, asesora en Derechos Humanos del CONADEH, y el abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa.
La reunión tuvo como objetivo abrir un espacio de análisis legislativo sobre los patrones de atención, protección e investigación en casos relacionados con defensores ambientales y de derechos humanos, especialmente en comunidades donde existen conflictos por proyectos de impacto ambiental, territorial o comunitario.
Durante la jornada se abordó la necesidad de avanzar en la creación de un marco legal que regule de forma clara la consulta ambiental y comunitaria.
Mejorar la respuesta institucional y asegurar el acceso efectivo a la justicia
Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para defensores ambientales, líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos, con el propósito de prevenir riesgos, mejorar la respuesta institucional y asegurar el acceso efectivo a la justicia.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos reafirmó su apertura al diálogo con instituciones nacionales y organizaciones de sociedad civil.
Destacando así, que, estos insumos técnicos son fundamentales para construir propuestas legislativas orientadas a proteger la vida, la participación ciudadana y el Estado de derecho.
El informe presentado plantea una discusión clave para Honduras: cómo garantizar que la defensa del ambiente no se convierta en una causa de vulnerabilidad, sino en un derecho protegido por la ley y respaldado por instituciones fuertes, eficientes y comprometidas con la justicia.
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