El presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, cuestionó el uso de fondos públicos destinados a un convenio suscrito entre exgobierno y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por un monto de L 175 millones.
Dicho convenio será remitido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para su respectiva investigación.
De acuerdo con Núñez, el convenio fue firmado a través de la Secretaría de Planificación Estratégica, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Asimismo, detalló que esta cuerdo contemplaba la contratación y pago de personal extranjero, incluyendo asesores, médicos y profesores cubanos, así como asesores de origen venezolano.
Aunque el funcionario aclaró que no se está afirmando que el convenio sea irregular, sí cuestionó el mecanismo utilizado para la ejecución de los fondos.
“La pregunta es por qué se utilizó un organismo internacional cuando el Estado pudo haber hecho estas contrataciones de manera directa”, señaló.
Convenio renovado anualmente
Mencionó que, el acuerdo fue suscrito en 2022 con una vigencia de un año, pero se renovaba de forma periódica. El pago se realizaba de manera anual, lo que implica que el manejo de estos recursos se extendió por varios períodos.
Núñez indicó que será el TSC el encargado de determinar cómo se utilizaron los fondos.
Incluyendo detalles sobre la cantidad de profesionales contratados, los montos pagados y los proyectos ejecutados con este dinero.
Investigarán uso de recursos
El titular de la Comisión Liquidadora también hizo referencia a la existencia de una unidad dentro de este esquema que, según afirmó, estaba conformada exclusivamente por personal extranjero, sin participación de hondureños.
Asimismo, señaló que en dicha unidad se habrían desarrollado actividades relacionadas con análisis de redes sociales, adquisición de herramientas tecnológicas e incluso seguimiento a determinados sectores.
Dichos aspectos que deberán ser verificados en el proceso de auditoría.
Investigación en manos del TSC
Núñez confirmó que, el expediente será remitido en los próximos días al Tribunal Superior de Cuentas, entidad que tendrá la responsabilidad de realizar una revisión exhaustiva del uso de los recursos públicos.
“Esperamos que se pueda establecer en qué se gastó este dinero y si se cumplió con los objetivos del convenio”, expresó.
El funcionario añadió que será el TSC quien determine si existe algún tipo de responsabilidad administrativa o legal en el manejo de estos fondos.
Subrayando así la importancia de que todos los recursos del Estado fueran liquidados y justificados.
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