La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras confirmó el miércoles el cese oficial de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que los tres Estados denunciaran el convenio que daba vida jurídica al organismo regional.
El Gobierno hondureño aseguró que su retiro fue una decisión “soberana y conforme al derecho internacional”, al tiempo que pidió a Nicaragua garantizar un trato digno a los ciudadanos hondureños vinculados laboralmente a la institución regional.
La desaparición de la Corte marca un momento histórico para el sistema de integración centroamericana y abre interrogantes sobre el futuro de los mecanismos jurídicos regionales en Centroamérica.
Fin de la CCJ
La Corte Centroamericana de Justicia, considerada durante años como uno de los pilares jurídicos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), quedó oficialmente sin personalidad jurídica internacional tras la denuncia del Convenio de su Estatuto por parte de Nicaragua, Honduras y El Salvador.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Cancillería hondureña, Nicaragua presentó su denuncia el 18 de marzo de 2025, Honduras lo hizo el 29 de abril de 2026 y El Salvador el pasado 20 de mayo, con la salida de los tres países, el instrumento jurídico que sustentaba la existencia de la Corte dejó de tener vigencia.
Las autoridades hondureñas explicaron que al desaparecer el convenio constitutivo, también perdió validez el acuerdo de Sede firmado entre Nicaragua y la Corte, debido a que este dependía directamente de la existencia del organismo regional.
Honduras pide garantías para sus ciudadanos
En el documento oficial, el Gobierno de Honduras reconoció la potestad soberana de Nicaragua para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio, amparándose en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas, relacionado con la soberanía de los Estados.
Sin embargo, la Cancillería hondureña hizo un llamado para que cualquier medida adoptada por el gobierno nicaragüense contra ciudadanos hondureños que trabajaban en la Corte se realice con respeto a los derechos humanos, garantías consulares y protección de bienes y documentos personales.
Asimismo, Honduras informó que ya se encuentra coordinando el proceso de cierre administrativo y liquidación del personal de la institución, asegurando que dichas acciones se desarrollarán de manera ordenada, transparente y en apego al derecho internacional.
La desaparición de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más significativos en la arquitectura institucional centroamericana de las últimas décadas, se considera que el cierre del organismo refleja las crecientes tensiones políticas y diplomáticas entre los países de la región.
Aunque Honduras reiteró su compromiso con el derecho internacional y la cooperación regional, el fin de la CCJ deja un vacío en la resolución de controversias entre Estados centroamericanos y plantea desafíos para el fortalecimiento de la integración regional.
La Cancillería hondureña concluyó señalando que continuará trabajando junto a los demás países involucrados para garantizar que el proceso de cierre se desarrolle bajo principios jurídicos claros y con responsabilidad institucional.
