Con mayoría calificada, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que suprime de manera definitiva la Comisión Permanente, trasladando todas sus funciones y decisiones al pleno, incluso durante los períodos de receso legislativo.
El Congreso Nacional dio luz verde a una reforma a la Constitución de la República que elimina la Comisión Permanente, que operaba durante los recesos legislativos con atribuciones específicas.
También se habilitan sesiones del 1 al 31 de mayo de este año y del 1 de noviembre de 2026 al 24 de enero de 2027, permitiendo dar continuidad a la agenda parlamentaria sin interrupciones.
Además, la junta directiva podrá definir recesos y reactivarlos según las necesidades del país, fortaleciendo la operatividad del Congreso.
La iniciativa fue respaldada por más de 86 diputados, alcanzando la mayoría calificada requerida para modificar el texto constitucional.
La propuesta, impulsada por la actual junta directiva, fue introducida en la sesión del martes 7 de abril de 2026 y modifica directamente las disposiciones que daban sustento legal a este órgano.
Eliminación de la Comisión Permanente
El artículo 207 de la Constitución establecía que, previo al cierre de cada período de sesiones, el Congreso debía nombrar a nueve diputados propietarios y sus respectivos suplentes para integrar la Comisión Permanente.
Por su parte, el artículo 208 le otorgaba al menos 15 atribuciones, entre ellas la elaboración de su reglamento interno, la recepción de denuncias por violaciones constitucionales, la custodia de archivos legislativos y la publicación de decretos.
Con la reforma aprobada, todas estas funciones quedarán bajo la responsabilidad exclusiva del pleno legislativo.
Controversia por nombramientos interinos
Uno de los puntos más polémicos en cuanto a la Comisión Permanente fue su facultad de realizar nombramientos interinos de funcionarios cuya elección corresponde al pleno, en casos de ausencia definitiva.
Esta disposición causó relevancia durante la presidencia del Congreso de Luis Redondo, cuando se designó a Johel Zelaya como fiscal general interino y a Mario Morazán como fiscal adjunto.
Estas decisiones fueron cuestionadas por sectores de oposición, que consideraron que un órgano reducido no debía asumir competencias de tal magnitud.
Foto: Congreso Nacional
Posteriormente, en febrero de 2024, el pleno legislativo ratificó a Zelaya como fiscal general y nombró a Marcio Cabañas Cadillo como fiscal adjunto, con el respaldo de 110 diputados.
Un nuevo esquema de decisiones legislativas
Con la eliminación de la Comisión Permanente, el Congreso redefine su funcionamiento interno y centraliza la toma de decisiones en la totalidad de los legisladores.
A partir de ahora, incluso durante los recesos, cualquier resolución de alcance nacional deberá ser conocida y aprobada por el pleno.
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