Con el propósito de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en torno al rol del perito y la relevancia de la prueba técnico-científica, el Ministerio Público (MP), a través de la Escuela de Formación “Orlan Arturo Chávez”, dio inicio al “Taller de Análisis e Interpretación de Dictámenes emitidos por el Departamento de Clínica Forense, con énfasis en delitos contra la libertad e indemnidad sexual”.
La jornada formativa que se desarrolla en la Regional de Comayagua, está dirigida a fiscales, médicos forenses, jueces y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y tiene una duración de tres días.
Durante el evento se desarrollan importantes temas
Durante el desarrollo del taller, se contará con la participación del doctor Ismael Raudales, director académico de la Escuela de Formación del MP, quien abordará temas relacionados con la función del perito, la estructura del dictamen y los medios de prueba, entre otros aspectos fundamentales.
Asimismo, el licenciado Oscar Aguilar, experto en el uso de la Cámara Gesell, expondrá sobre el abordaje adecuado de víctimas mediante esta herramienta jurídica, orientada a prevenir la revictimización.
Por su parte, la abogada Jasmín Ayala, fiscal de la Niñez en Comayagua, desarrollará contenidos sobre delitos sexuales y los procedimientos que siguen los fiscales, quienes tienen la responsabilidad de dirigir técnica y jurídicamente la investigación penal.
Este proceso formativo inicia con operadores de justicia de la Regional de Comayagua, que comprende además, los departamentos de La Paz e Intibucá; no obstante, se proyecta su implementación a nivel nacional, con el objetivo de estandarizar criterios en la correcta interpretación de dictámenes de Medicina Forense, los cuales constituyen un elemento clave de prueba científica en los procesos penales impulsados por el Ministerio Público.
La capacitación continua de los operadores de justicia en Honduras (jueces, fiscales, defensores públicos y policía de investigación) es fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, reducir la impunidad y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.
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