TSC oficializa solicitud al Congreso Nacional para nombrar al tercer magistrado

Tegucigalpa, Honduras (05.05.2023).- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) oficializó este viernes una solicitud al Congreso Nacional (CN) para proceder al nombramiento del tercer magistrado del Pleno del ente contralor del Estado de Honduras.

La petición se formalizó mediante la remisión del Oficio No. 2567-TSC-2023, dirigido al presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, con copia a jefes de Bancadas, el cual fue suscrito por los magistrados del TSC, José Juan Pineda Varela, presidente; y Ricardo Rodríguez.

Como es de público conocimiento, el abogado Roy Pineda Castro interpuso su renuncia al cargo de magistrado del TSC, para desempeñar nuevas funciones como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, efectiva a partir del 16 de febrero, 2023.

Ley Orgánica

La Ley Orgánica del TSC, en su artículo 20 del apartado “Ausencias Definitivas”, establece que si la ausencia de un magistrado del Pleno tuviera una duración mayor de dos meses, salvo causa justificada, ésta se considerará definitiva, por lo que el CN deberá proceder a la elección de un nuevo miembro.

A la fecha, han transcurrido dos meses y 18 días sin que el Pleno pueda integrarse, por lo que conforme a la Ley Orgánica del TSC es responsabilidad del CN el nombramiento del sustituto del abogado Pineda Castro.

En el Oficio los Magistrados firmantes exponen su “inquietud y profunda preocupación por la crisis que amenaza las capacidades operacionales del Tribunal y el desarrollo de sus funciones Contraloras de conformidad con la Constitución de la República , al no contar con el número de Miembros que conformen el Pleno de Magistrados ´Tres’ que es la máxima autoridad de esta Entidad”.

Por lo antes expuesto, ambos Magistrados solicitan al CN proceder a nombrar al Magistrado faltante del Pleno del TSC, para retomar con normalidad las actividades del Ente Contralor y cumplir con el mandato constitucional de velar por el correcto uso y destino de los bienes y recursos del Estado, que beneficie a la sociedad que demanda transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.

 

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