Tegucigalpa, Honduras (16.09.2023).- La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) emitió un comunicado donde aclara que el miembro de la Policía Militar del Orden Pùblico (PMOP) que encerró a privado de libertad con gas lacrimógeno, fue suspendido inmediatamente de su cargo.
El escrito manifiesta lo siguiente:
«1.- Que el día jueves catorce de septiembre del año en curso, circuló un video en redes
sociales donde aparecen dos supuestos miembros de la Policía Militar del Orden Público,personas ingresando y dejando encerrado a un Privado de Libertad en un área,
lanzándole una granada de gas lacrimógena».«2.-Que a raíz de la circulación de este video la Comisión Interventora procedió a
investigar la autenticidad del video y los posibles involucrados logrando identificar que
los hechos efectivamente ocurrieron el día 25 de agosto del presente año, en el Módulo
de Máxima Seguridad del Centro Penal de Támara, identificando a uno de los dos
involucrados, quien fue suspendido de manera inmediata de su cargo».«3.-Que de conformidad a lo establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal,
que obliga a los funcionarios públicos a denunciar todos aquellos hechos que pudieran
ser constitutivos de delitos, se remitió el informe respectivo al Ministerio Público, para
que ejerza la acción pública y que a través de los entes encargados se determine el
grado de participación y la inocencia o culpabilidad de los posibles actores, en respeto al
derecho a la presunción de inocencia que manda la Constitución de la República».«4.-La Comisión Interventora hace suya toda la normativa vigente ratificada por Honduras
en materia de Derechos Humanos de los Privados de Libertad, plasmados en la
Constitución de la República y toda la normativa nacional e internacional, respetando su
condición de vulnerabilidad y su Dignidad Humana, quienes en el cumplimiento de su
pena no deben de tener más limitaciones que las que estrictamente ordena la ley, por lo
que todo acto contrario a la ley, cometido por cualquier miembro de la institución, será
denunciado y puesto a la orden de las autoridades judiciales».«5.- Reiteramos nuestro compromiso de cumplir con la misión que nos ordenó la
Presidenta de la República, de recobrar y mantener el control y el orden de los Centros
Penales del País, por lo que hechos como estos, no detendrán la marcha que hemos
emprendido para devolver a la ciudadanía en general la paz y seguridad que anhelamos
todos los hondureños. Fortaleciendo los procesos para una efectiva y correcta reinserción
a la sociedad de parte de las Personas Privadas de Libertad, respetando sus derechos
humanos y dignidad como personas».
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