Tegucigalpa, Honduras (03.02.2023).- La ministra en el despacho de Estado de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rixi Moncada, y el procurador de la República, Manuel Díaz Gáleas, denunciaron este viernes una “sentencia espuria”, que embarga una cuenta del Estado por 3 mil millones de lempiras.
Díaz Gáleas, agregó que también denuncian a la red de corrupción público-privada que opera en Honduras y que utiliza el sector justicia, condenando al Estado al embargo producto de una demanda que fue desestimada en una Corte Federal de Washington, Estados Unidos.
“El Ministerio Público debe proceder contra esta red de corrupción nacional e internacional que pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a la planilla de presupuesto”, dijo el procurador.
El funcionario señaló: “La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Finanzas (Sefin) asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar el Estado utilizando el Poder Judicial”.
Asimismo, explicó que un año después del huracán Mitch en 1998, la USAID a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa norteamericana de DRC inc. un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
Añadió que, para ejecutar las obras la referida empresa subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a nuestro país a fiscales especiales quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
En el 2007 la empresa DRC inc. sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato y dos años después (2009) este proceso sin mediar ley, fue trasladado a un centro de conciliación y arbitraje que armaron en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), donde de forma veloz y en el marco del golpe de Estado el 7 de septiembre de 2009, se dictó una resolución o laudo internacional y sin tener ninguna facultad condenaron al Estado a pagar a la empresa de DRC inc. los supuestos daños y perjuicios por la suspensión del contrato la empresa de DRC inc. presentó demanda contra Honduras, apuntó.
Rixi Moncada
Por su parte, la ministra Moncada indicó: “Asumimos desde la Secretaría de Finanzas efectivamente nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial”.
“Asumimos también la altísima responsabilidad de no defraudar a 9 millones de hondureños que representamos desde el Estado, independientemente que hoy se sientan ofendidos una decena de corruptos”, acotó.
La titular de Sefin enfatizó que Honduras requiere de un impulso potente contra la corrupción, por eso la necesidad de que la CICIH venga al país con absoluta independencia para investigar para acusar y para condenar las redes de corrupción público-privada especialmente de alto impacto y en materia financiera que operan en el país con la connivencia del Poder Judicial y de decenas de jueces y magistrados prevaricadores.
“Especialmente durante los últimos 12 años se han ido gratuitos todos los días condenas en todas las materias pero el cohecho y la prevaricación judicial en todos los niveles se ha ido de gratis, desde la Secretaría de Finanzas desde el Gobierno de la República vamos a privilegiar el interés social ante el interés particular y frente a esta sentencia esa prevaricadora onerosa que nos manda a tener que pagar 2,600 millones de lempiras, dejando al Estado en insolvencia y sin posibilidad de pagar las planillas que corresponden al mes, actuaremos con la responsabilidad que también el momento histórico demanda”, expresó.
Mocada aseveró: “Es nuestra obligación hoy, desmontar las redes de corrupción y en esta década más de 15 mil millones ha pagado el pueblo hondureño en demandas tramposas traficándose con bufetes, también identificados y el Estado resistiendo, resistiendo a través de la Caja Única, los pagos constantes de la corrupción, creo que ha llegado el momento de combatirla en todos sus niveles y combatirla con firmeza”.
Aseguró que por lo anterior, se ven la necesidad de hacer pública esta demanda, además de otras 44 acciones que la Procuraduría General de la República en coordinación con la Secretaría de Finanzas con el Banco Central de Honduras y con otras instituciones del Estado, involucradas en este caso también el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) ha efectuado sin éxito.
“44 acciones sin ningún resultado incluida la denuncia presentada en el caso concreto ante la Uferco y el Ministerio Público desde mediados del año pasado, les hacemos el llamado, antes de la venida de la comisión técnica en esa primera etapa de la CICIH, después de la firma del memorándum de entendimiento y después de la visita que hiciera la Presidenta de la República a Naciones Unidas”, exteriorizó.
Finalmente, reiteró: “Les hacemos el llamado a los fiscales y a las autoridades de la Uferco y del Ministerio público, si queda un fiscal aún capaz de combatir redes de corrupción para que den trámite a todos esos papeles que ven ustedes en esta mesa, a todos esos expedientes que ven ustedes en esta mesa, que son expedientes de denuncia por todas las acciones al margen de la ley que se han ejecutado durante una década en este caso concreto”.
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