Tegucigalpa, Honduras (09.01.2024).- El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEEFSSJ), presentó requerimiento fiscal contra el juez ejecutor, Edgardo Enrique Rivera Argueta, acusado de ser el responsable de ordenar el cierre administrativo de una denuncia por supuestos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
A Argueta se le acusa de los delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración de la justicia y la fe pública.
Según la fiscalía, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció un recurso de amparo interpuesto el 10 de octubre de 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, a favor del señor José Olivio Rodríguez Vásquez contra actuaciones del MP, relacionadas con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
Esta solicitud tenía el propósito de analizar, verificar y dictaminar uno de los documentos proporcionados por el Infop en relación a una causa denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en contra de Ángel Armando Cerrato, Magaly Bustillo Streber, José Antonio Elvir Vásquez y José Ovidio Rodríguez, este último ostentaba en su momento la calidad de alto funcionario del Estado por ser magistrado de la CSJ.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar en fecha 22 de noviembre del año 2018 la Acción de Amparo presentada por considerar la vulneración de La Garantía del Debido Proceso, sin embargo, en ningún momento ordena al MP proceda al cierre de la denuncia, tal como lo ordenó el ahora imputado a la Fiscalía Especial Para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en fecha 24 de octubre de 2023.
Según el criterio fiscal, la actuación del juez ejecutor, al ordenar el cierre del expediente de forma imperativa es un exceso que extralimita las facultades encomendadas a el, en las sentencias relacionadas y que están debidamente descritas en la relación de hechos del requerimiento fiscal recientemente presentado.
No se debió cerrar denuncia contra investigados
Los fiscales aseguran, que la sala se refiere en su sentencia a cuestiones de competencia, determinando que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la investigación de los delitos referidos en la investigación del MP; así mismo no seguirse el procedimiento para Altos Funcionarios del Estado, pero en ningún punto se refiere a que se cierre la denuncia contra los investigados José Olivio Rodríguez Vásquez, David Guillermo Chávez Madison, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Ángel Armando Aguiriano Cerrato, entre otros, por haber suscrito un contrato millonario con el que se defraudó al Estado de Honduras.
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