Tegucigalpa, Honduras (09.06.2023).- La directora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jackeline Foglia, se refirió a la Comisión creada para abordar la problemática de invasiones en el país por parte del Consejo de Defensa y Seguridad como una esperanza para atraer la inversión.
Foglia apuntó que la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra agrupa a los interesados en la temática para dar algún tipo de solución que puede llevar a cabo tanto el Gobierno central como las autoridades locales.
Asimismo, consideró «muy necesaria» una Comisión para garantizar la seguridad jurídica para la atracción de inversión nacional y extranjera lo cual depende del cumplimiento de las leyes sobre la tenencia de la tierra y del Instituto de la Propiedad (IP) que ya existen en el país.
La titular del CNI aseveró que las leyes muchas veces no se cumplen porque las entidades ejecutoras del Gobierno y las autoridades del orden público muchas veces no están concatenadas sus acciones.
En ese sentido, consideró importante mantener una comunicación clara hacia los inversionistas en aspectos de cambios de leyes en este momento en el país.
¿Qué ordena esta creación?
La Presidenta Xiomara Castro en cadena nacional, instruyó que, al crear la Comisión Agraria, se ordene al Instituto de la Propiedad (IP) y al Instituto Nacional Agrario (INA) realizar una «investigación exhaustiva» de las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición es de ilegitimidad, concediendo prioridad a la revisión de tierras denuncias por los campesinos.
Desde 2021, dijo la mandataria, se ha generado: «Una escalada en la ocupación de tierras productivas» en Honduras, que ha provocado «inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión».
Destacó que los departamentos de Colón y Atlántida, son los «principales polos de conflictividad» sobre la ocupación de tierras por organizaciones campesinas que reclaman: «Derecho a la tierra, grupos irregulares y, en algunos casos, otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país, y otros no determinados».
Un total de 36.451 manzanas de tierra han sido ocupadas por grupos de personas, lo que ha causado «graves daños» a la producción nacional y la economía, señaló Castro, quien afirmó que las investigaciones demuestran «poca operatividad» en la evacuación de denuncias y emisión, ejecución de órdenes judiciales de desalojo.
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