Tegucigalpa, Honduras (09.05.2023).-En la segunda Audiencia Pública realizada ayer lunes, la Comisión Especial de Dictamen del Congreso Nacional, recibió a la delegación del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), encabezada por su presidenta, la doctora Amparo Canales, quien aseguró que existen coincidencias con el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
Al final de la jornada de socialización, en la que también participó el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, la Comisión Especial de Dictamen, y la delegación del CHE dieron una conferencia a la prensa presente.
Canales expresó que, como CHE, ven que este proyecto de ley aporta un elemento progresivo en el sistema tributario, lo que es un paso fundamental para el país de cara a construir un modelo de desarrollo que reduzca las desigualdades.
“Que, asimismo, genere las condiciones para impulsar el desarrollo a sectores que tradicionalmente han sido excluidos. Esta es una oportunidad —Las Audiencias Públicas— para escuchar, las coincidencias y los puntos a poner especial atención, de los diferentes sectores”, destacó Canales.
La ley propone sentar las bases para generar desarrollo
En su exposición ante la prensa, la presidenta del Colegio de Economistas aseguró que el objetivo principal del proyecto de Ley de Justicia Tributaria es el de cimentar esas bases en las que se logre construir un verdadero desarrollo para el país.
“Hay un aspecto fundamental, es el cómo se fortalece la institucionalidad responsable de la fiscalización y supervisión”, explicó Canales, quien a su vez ve con buenos ojos que a través de la ley se generan los mecanismos y los controles de la aplicabilidad de la normativa, misma que ayudará al crecimiento económico.
La representante del CHE, expresó que ven en este proyecto una ley que aporta un elemento progresivo en el sistema tributario, lo que es un paso importante para el país de cara a construir un modelo de desarrollo que reduzca las desigualdades.
No se elimina el secreto bancario
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Dictamen, Hugo Noé Pino, reiteró que, con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, no se eliminará el secreto bancario, simplemente se habla del acceso a la autoridad tributaria a la información financiera, algo que existe en todos los países del mundo.
Por su parte, el director del SAR, Marlon Ochoa, despejó las dudas al explicar que en el decreto que fue remitido al Congreso del Pueblo se incorporó todo un régimen sancionatorio en caso de que la información financiera se utilice de manera inadecuada, «esto contribuye al régimen sancionatorio que está estipulado en el artículo 70 del Código Tributario».
Según lo expresado por Ochoa, el objetivo de tener información bancaria no solo es para actuar en contra de la evasión fiscal, sino que también en materia de enriquecimiento ilícito, blanqueamiento de capitales, debido a que Honduras es uno de los países con más empresarios y políticos vinculados en las filtraciones de “Pandora y Panamá Papers”.
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