Tegucigalpa, Honduras (04.09.2023).- La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, señaló que, el Código Penal en su artículo 500 establece una pena o sanción para el funcionario público que se quede más allá de su período, en relación a la continuidad del exFiscal Adjunto, Daniel Sibrián Bueso.
«Hay un hecho concreto, el artículo 500 del Código Penal establece una pena, una sanción para un funcionario que se quede más allá de su período. Aquí se ha estado esgrimiendo la tesis o se ha estado invocando el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional cuando la supremacía de la Constitución debe prevalecer», dijo la parlamentaria.
«Luego se nos dice que el Fiscal Adjunto suple y luego que el director de Fiscales suple, etcétera. Pero eso es cuando están en las funciones, pero en este momento ya vacaron en sus cargos tanto el Fiscal General como el fiscal adjunto», aclaró Ayala.
Papel de Uferco
La congresista por el departamento de Cortés, manifestó que, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en base al Decreto Legislativo 67-2022 tiene aún cuando no se hayan nombrado Fiscal General y Adjunto la posibilidad de continuar con investigaciones y de presentar requerimientos en los hechos que le corresponden.
Insistencia en búsqueda de consensos
Ayala habló sobre la búsqueda de consensos en la Cámara Legislativa para elegir las nuevas autoridades del ente acusador del Estado: «Ahora hay un tripartidismo representado por el Partido Nacional, el Partido Liberal y PSH, algunos de sus diputados que están bloqueando que se lleguen a consensos. Recuerde que hemos estado informando al pueblo hondureño cómo se estuvo insistentemente desde hace varios meses buscando estos consensos, sin embargo, hubo una negativa sobretodo de la bancada del Partido Nacional para lograrlos».
Comisión Especial
La diputada se refirió a la reciente creación por parte del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, de una comisión especial para investigar a Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián Bueso, y sus acciones en el crimen organizado:
«Se hablaba de que ya hubo una comisión que investigó a los fiscales, el mandato de ambas comisiones fue completamente diferente. La otra comisión tenía por objeto investigar lo referente a las actuaciones de todas la institucionalidad del Estado involucrada en el tema de las extradiciones», mencionó.
«Esta comisión multipartidaria que se ha nombrado es en base a las atribuciones que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica del Congreso Nacional le confieren al Legislativo y al presidente del Congreso Nacional, en este caso, que es el nombramiento de estas comisiones no hemos visto en ningún caso que se vayan a debate las propuestas de integrantes de la de ninguna comisión y le estoy hablando de diferentes congresos, no solo de los del pasado reciente«, resaltó la profesional del derecho.
«La comisión lo que va a producir es un informe, que nos va a permitir conocer algunos hechos, de las actuaciones que tanto el exFiscal General como el exFiscal General Adjunto realizaron en el ejercicio de su trabajo y eso es parte de las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional de la República», afirmó.
«Cuando presentamos el informe de la comisión de extradiciones a pesar de que había documentación ahí que acreditaba graves incumplimientos de Óscar Chinchilla y que esa comisión concluyó con recomendaciones una de ellas fue el juicio político contra Oscar Chinchilla en aquel momento el pleno no decidió considerar», concluyó.
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