¡Atención! SEFIN denuncia al CIADI por violar leyes en caso Zede Próspera

Tegucigalpa, Honduras (01.06.2023).- La Secretaría de Finanzas (Sefin) emitió un comunicado donde por mandato de la Presidenta Xiomara Castro, denunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por violar las leyes y el procedimiento en el caso contra el Estado de Honduras a petición de la ZEDE Prospera y sus asociados.

El escrito señala que la acción se hace en defensa de la integridad del territorio, la soberanía y los derechos del pueblo, denunciando pública y jurídicamente al CIADI; «Quienes que han visto en el litigio una oportunidad de sumarse al saqueo con un falso arbitraje con el que pretenden que el Estado de Honduras les pague 10,700 millones de dólares; por lo que el Estado de Honduras se reserva el derecho de denunciar el convenio».

Sefin destaca que, al admitir esta controversia, el CIADI ha hecho caso omiso de la reserva legal que registró el Estado de Honduras al adherirse al Convenio desde el año 1988, y violenta el principio de la pacta sunt servanda que rige todos los tratados internacionales.

Este principio establece la obligación de los inversionistas de agotar las vías judiciales internas antes de recurrir al CIADI. El arbitraje debe ser el último recurso.

Por lo que, el CIADI en forma fraudulenta impone como árbitro al Dr. Claus Von Wobeser, quien guarda nexos comprobados como representante en otros casos, de la contraparte que representa a la demandante Próspera Inc., ante esto, finanzas afirma que es inadmisible un árbitro con conflicto de intereses.

Finalmente, el comunicado expresa que el Estado de Honduras y en especial su Gobierno, en respeto al derecho y los tratados internacionales, ejecutará todas las acciones necesarias para enfrentar a los responsables y cómplices de la corrupción público-privada, a nivel nacional e internacional, quienes buscan desarticular el territorio, privatizar la justicia, la política y la educación, estableciendo enclaves que garantizan la impunidad, y transgreden la Constitución de la República y los Derechos Humanos de la población y sus territorios.

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