Tegucigalpa, Honduras (05.07.2022).- Este miércoles la Presidenta Xiomara Castro, en compañía de autoridades de la Secretaría de Seguridad realizará el lanzamiento de la Policía Comunitaria en el departamento de Santa Bárbara.
Cabe mencionar que, la herencia del Golpe de Estado ha sido la militarización de la seguridad pública.
En Honduras en el marco del Golpe de Estado de 2009, la criminalidad y la inseguridad ciudadana
incrementó considerablemente, hasta ser estimado como el país más violento del mundo.
Lo anterior aconteció en un contexto de debilitamiento del Estado de Derecho y de la
institucionalidad policial, en un marco de profundas reformas en la seguridad pública con una
clara tendencia autoritaria y militarista.
En el informe de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras,
elaborado en el 2019 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 61.1% de
la población consideró que el problema mas urgente que enfrenta Honduras hoy en día es la
inseguridad.
De igual forma el informe ilustra, que las causas de la inseguridad, en un 50%
derivan de factores económicos y un 34.1% de la corrupción y del mal gobierno.
Llama la atención que, en relación al tema de inseguridad y corrupción, el 79.4% de la población
considera que la corrupción en las fuerzas de orden es alta, poniendo en cuestión el proceso de
depuración policial y las reformas en el sector de seguridad en el marco del golpe de Estado.
Pese a la baja de homicidios en los últimos 11 años en Honduras, (38.6) las tasas de homicidios
hasta el 2021 continuaron siendo las más elevadas en la región de Centroamérica, así como a
nivel de Latinoamérica, solo superada por Jamaica (49.4) y por Venezuela (40.9).
Si bien es cierto que la tendencia de la tasa de homicidios ha sido a la baja, el país está lejos de acercarse a la
tasa promedio mundial de 6.4 muertes por 100,000 habitantes, establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Ese panorama general muestra los problemas de violencia e inseguridad ciudadana heredada
del régimen autoritario de Juan Orlando Hernández (JOH), en un contexto en el cual se operó en
cuatro direcciones en materia de reforma de la seguridad pública.
Primero se les ordenó a los militares el involucramiento protagónico en tareas de seguridad ciudadana,
por medio de la creación de unidades como FUSINA, FNAMP, la PMOP y las funciones ejercidas
en el Instituto Nacional Penitenciario y la DNI especialmente en la Unidad de Intervención de
Comunicaciones, Segundo, depuración policial sin una verdadera reforma.
Tercero, el aumento exponencial del gasto público con énfasis en la militarización.
Si bien es cierto que el enfoque de seguridad implementado en el marco del régimen fue la
remilitarización (sometimiento de las fuerzas de seguridad pública a las autoridades militares),
la violencia y la inseguridad se incrementó ante el control de las pandillas, la penetración del
narcotráfico en la institucionalidad policial y la política y el control territorial del crimen
organizado, como elementos estructurales que no fueron abordados de manera estratégica e
integral en el marco de las reformas implementadas en el régimen de JOH.
En el 2016 se aprobó el Modelo de Policía Comunitaria, minimizado frente a la estrategia de
remilitarización y financiado en su totalidad por la cooperación internacional.
El modelo de policía comunitaria ha venido siendo discutido en el país desde 1994, teniendo poco eco en la
institucionalidad policial, por su carácter disruptivo: democrático, descentralizador, participativo, preventivo y social.
El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro en su Plan de Gobierno retoma el enfoque de la policía comunitaria, entendiéndose como “una policía de Centro de Inteligencia Política para la Refundacion (CIPR)
Ministro asesor en materia de comunicaciones y estrategia de la presidencia
orientación comunitaria, debidamente preparada para tener una relación más horizontal y de
confianza con la población, aumentado así su efectividad para disuadir y enfrentar el delito”.
¿Cuál es el modelo de policía que proponen los especialistas?
El CIPR realizó trabajo de campo con el propósito de describir el proceso de transformación que
se ejecutará a nivel operativo en la Policía Nacional.
Los expertos coinciden en que este modelo con filosofía comunitaria tiene alrededor de dos décadas de resonar como una propuesta viable, sin embargo, se ha aplicado tímidamente y debido a ello no ha dado resultados significativos a nivel nacional.
En el año 2002 se implementó en el país siguiendo las metodologías de países como Brasil, Japón, España, Bolivia y Colombia, pero como era de esperar, la falta de un diagnóstico previo produjo un choque cultural.
Ahora bien, en Nicaragua, después de la revolución sandinista se estableció este modelo
financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (GIZ)
focalizado principalmente a desarrollar estrategias municipales de prevención del delito, con el
involucramiento de la juventud; fomento de la empleabilidad de los jóvenes en desventaja social
como medida de prevención de la violencia, y prevención del crimen por medio de la
intervención en las escuelas y colegios.
Nicaragua posee los mejores indicadores de seguridad en la región y conociendo que,
culturalmente hay grandes similitudes, se pretende adaptar su metodología de policía cercana.
El funcionario policial explicó que, en Tegucigalpa, específicamente en las colonias Kennedy,
Alemán, Flor del Campo y la Arturo Quezada y en los barrios de San Pedro Sula, tales como:
Rivera Hernández, Río Lindo y Ciudad Planeta se emplea el modelo comunitario. Este plan piloto
se basa en la prevención por medio de las buenas prácticas, en la resolución de conflictos y en
diversas acciones como las visitas domiciliarias, el acompañamiento a las organizaciones sociales
como las juntas de agua, por ejemplo; asistencia a velatorios, organización de recreo vías,
campeonatos de futbol, gestiones de patronatos locales, entre otras.
Mediante esta cercanía con la población el policía se convierte en un actor capaz de
georreferenciar la dinámica criminal en una zona específica, y realizar denuncias para que otros
entes como la Dirección de Inteligencia Policial, Policía Militar intervengan un sector.
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