Gobierno de Honduras agradece al Alto Comisionado su reconocimiento en avances sobre DD. HH.

Tegucigalpa, Honduras (07.03.2023).- El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro agradeció en las últimas horas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas su reconocimiento en los avances logrados en materia de Derechos Humanos (DD. HH.), en Honduras.

Lo anterior fue expresado en un discurso de réplica al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en esta materia en Honduras.

En la respuesta, el Gobierno Solidario reafirmó su compromiso con el respeto y protección de derechos humanos, comenzando por su decisión de iniciar el desmontaje de un sistema y modelo de despojo que profundiza las desigualdades sociales y genera altos índices de pobreza y exclusión.

A continuación el documento completo: 

 

DISCURSO DE RÉPLICA AL INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE »SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS»

Sr. Presidente,

En nombre del pueblo y gobierno de Honduras, dirigido por Xiomara Castro, extendemos un saludo al señor Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saludamos su nombramiento y expresamos el pleno respaldo de Honduras en el ejercicio independiente de su mandato; de igual forma, extendemos cordial saludo a las delegaciones y a la comunidad internacional presentes.

Como se reconoce en el informe del Alto Comisionado, el Gobierno Solidario ha demostrado su voluntad política en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción, que alcanzó el despilfarro y abuso de más de 20,000 millones de dólares, que hoy nos someten a un pago de deuda a banca privada cuyo servicio de deuda hace casi imposible la inversión social.

La actual administración asumió funciones en un contexto de problemas estructurales preexistentes que subyacen a la violación de los derechos humanos como: pobreza y desigualdad, conflictos por la tierra, violencia, inseguridad, impunidad, debilidad institucional y cultura patriarcal, entre otros que ameritan medidas a corto, mediano y largo plazo.

Nuestro Gobierno Solidario reafirma su compromiso con el respeto y protección de derechos humanos, comenzando por su decisión de iniciar el desmontaje de un sistema y modelo de despojo que profundiza las desigualdades sociales y genera altos índices de pobreza y exclusión.

En este sentido, nuestro gobierno ha impulsado medidas de carácter estructural para revertir un esquema que relega la protección de la vida y dignidad humana, en favor de la protección de intereses económicos y financieros transnacionales. Debemos aceptar que existe una seria dificultad para reconciliar el modelo económico y el derecho internacional de los derechos humanos.

Ante esta situación, es necesario discutir la responsabilidad que tienen los capitales transnacionales y sus actividades en nuestros territorios, con particular énfasis en el impacto negativo estas actividades empresariales causan a poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. Adicionalmente, es imperativo traer a la discusión el fuerte impacto que tiene el fenómeno del crimen organizado y el accionar de los actores no estatales que ejercen presión sobre los territorios.

Reconocemos los desafíos que enfrentamos como país, y es por ello que debemos referirnos al asesinato de (7) defensores de derechos humanos durante este 2023. Esta situación es dolorosa, y comprendemos que ensombrece nuestros avances, sin embargo, es en este momento en el que expresamos nuestra mayor voluntad como Gobierno en brindar una respuesta contundente, a fin de erradicar las causas estructurales que amenazan a defensores.

En este contexto, recibimos el informe del Alto Comisionado y agradecemos su reconocimiento de nuestros avances. A continuación, destacamos algunos logros y elementos complementarios que consideramos fundamentales para comprender los derechos humanos como política de Estado:

Se mejoró la protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad mediante la creación de un presupuesto inclusivo y con enfoque de género.

Hemos derogado leyes lesivas de los derechos humanos como la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y la Ley de Empleo por hora.

Se creó el Consejo de Derechos Humanos del Gabinete de Gobierno, como un ente interinstitucional para priorizar y dar seguimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Se crearon la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para promover el desarrollo social desde un enfoque solidario; la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), que está preparando la Estrategia Nacional Anticorrupción; también se creó la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos, encargada de formular políticas coherentes con la identidad nacional y respetuosas de la diversidad.

Se crearon también programas solidarios para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.
Presentaremos una reforma tributaria para reducir de manera progresiva las exoneraciones fiscales y lograr un sistema tributario más equitativo.

Hemos iniciado la implementación de una reforma energética para garantizar la energía como un bien público y derecho humano de naturaleza económica y social.

Se duplicó la dotación de presupuesto para el funcionamiento del Sistema de Protección y recientemente se reiteró ante la Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos un compromiso al más alto nivel para fortalecer las medidas de protección implementadas desde la Secretaría de Seguridad.

El territorio hondureño fue declarado libre de minería a cielo abierto; se instruyó la revisión, suspensión y cancelación de las licencias ambientales, permisos y concesiones que generan un impacto negativo.

Se firmó un memorándum de entendimiento con el Secretario General de Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Se están implementando medidas de reparación y atención a las víctimas del Golpe de Estado, con acompañamiento de las organizaciones representantes de las víctimas.

Se eligió la nueva Corte Suprema de Justicia mediante acuerdos pacíficos y respetando la paridad; eligiendo a la segunda mujer como Presidenta del Poder Judicial.

Se creó la primera Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), siendo el órgano rector responsable de promover la justicia de género, la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.

La Presidenta reconoció la responsabilidad internacional en referencia al “Caso de Vicky Hernández” como el primer caso de ejecución extrajudicial en el marco del Golpe de Estado. En esta línea, se avanza en la construcción de un protocolo de investigación y administración de justicia para casos de personas LGTBI víctimas de violencia.

La Dirección General de Desarrollo para Personas con Discapacidad de la SEDESOL, coordina acciones que buscan garantizar la accesibilidad en la infraestructura social y pública de la capital. También se atiende a 40 mil personas con discapacidad a través de proyectos en los sectores de salud, educación, infraestructura, derechos humanos y emprendimientos.

140 mil migrantes en situación de irregularidad en tránsito han sido eximidos de pago de multas, facilitando su trayecto y recientemente se habilitó la primera etapa del Centro de Atención al Migrante Irregular.

Ante este Consejo, reiteramos nuestro deseo de construir consensos regionales e internacionales que ubiquen la protección de la vida y la dignidad humana en el centro de las discusiones, para lograr la realización del derecho humano al desarrollo y el avance progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva soberana, para la cual es indispensable la participación efectiva de los pueblos, a las cuales nos debemos.

Además, culminamos nuestra intervención, reafirmando nuestro compromiso con la creación de un estado socialista y democrático que priorice el bienestar común y la protección de todos los derechos humanos. Muchas gracias.

 

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