Bajo fuertes medidas de seguridad, 90 privados de libertad a nivel nacional fueron trasladados a módulos de máxima seguridad con el objetivo de desarticular las organizaciones criminales responsables de cometer delitos de extorsión.
Los traslados se llevaron a cabo en un trabajo en conjunto, por primera vez en la historia, por la Policía Nacional, División Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Instituto Nacional Penitenciario (INP) a través de la Policía Militar y Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
El director del INP, Othoniel Gross, informó que los traslados de reos es una operación que se está ejecutando a nivel nacional y que los reos son miembros de diferentes estructuras criminales.
«Lo estamos haciendo para sumarles un proceso adicional que se va a sumar dentro de sus expedientes jurídicos y esto suma un delito más para poder ser juzgados por los entes correspondientes», detalló Gross.
El coronel afirmó que los operativos se ejecutaron luego de que en las requisas que se llevan a diario en los centros penales se encontraron aparatos tecnológicos que reproducen señales de internet.
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Por su parte, el portavoz de la Dipampco, Mario Fu, manifestó que los prisioneros trasladados «enfrentarán nuevos juicios donde no se descartan nuevas condenas contra ellos por estar cometiendo actividades ilícitas aún estando privados de libertad».
Indicó que los operativos en conjunto tienen el objetivo de integrar un frente para poder dar respuesta sobre las extorsiones que se estarían generando desde los centros penales.
Traslados estratégicos
En el comunicado del INP se indicó que las operaciones son acciones estratégicas para fortalecer el control institucional y combatir a las estructuras delictivas.
Indicó que los 90 privados de libertad son investigados por suponerlos responsables de participar en actividades ilícitas, específicamente vinculadas al delito de extorsión.
Detalló que el traslado a los módulos de máxima seguridad es una «medida de control y contención, a fin de neutralizar cualquier intento de articulación delictiva por parte de los privados de libertad con vínculos a estructuras criminales, en centros penitenciarios como Támara, Ilama, Siria y Morocelí».
«Esta acción se ejecuta por primera vez bajo un enfoque integral que permitirá además impulsar nuevos procesos legales por el delito de extorsión, en coordinación con las autoridades competentes, fortaleciendo así la respuesta del Estado frente a este flagelo», se mencionó en el comunicado.
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Lucha coordinada
El coronel Gross afirmó que para combatir el flagelo que afecta a los hondureños es necesario realizar un trabajo en conjunto con las operadoras de telefonía móvil para poder frenar las extorsiones.
«Esta lucha debe de ser continua, coordinada, y por eso instamos a las operadoras de telefonía celular a que cumplan con el debido proceso de eliminar las señales dentro de los centros penales, de esta manera vamos a poder estar todos en esta sintonía combatiendo este flagelo», expresó ante los medios de comunicación durante el traslado de reos.
«Hablar de las llamadas de extorsión desde los centros penales es un tema no de ahora, es un tema de hace 15 o 20 años, que se ha estado llevando a cabo», manifestó.
Gross recordó a las empresas que brindan los servicios de telefonía deben bloquear la señal al 100% dentro de los centros penales a nivel nacional, como lo establece la ley.
«Sin embargo, nosotros de manera técnica y el implemento de tecnología hemos podido descubrir que no es así, no se está llevando a cabo este barrido completo de la señal», expresó.
Además, señaló que no hay una regulación de la venta de los chips de celulares, por lo que hizo un llamado a las empresas a cumplir con su responsabilidad.
«Nosotros cumplimos con la nuestra, supervisar, hacer requisas, mantener el control, hacer procesos de depuración, pero si todos nos esforzamos y cumplimos de manera cabal con estas responsabilidades creo que le vamos a poder dar al pueblo una mejor respuesta», afirmó.
Por lo tanto, instó a que se apliquen las leyes a las distribuidoras de señales de telefonía y de internet, además de sanciones para que todos cumplan con su responsabilidad.