El secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta, denunció este martes que más de 1,500 millones de lempiras habrían sido drenados del Presupuesto General de la República mediante operaciones irregulares ejecutadas a través de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) durante la administración anterior.
De acuerdo con el funcionario, estos recursos fueron utilizados para realizar pagos sin sustento a ciudadanos extranjeros, específicamente de nacionalidad venezolana y cubana, así como a empresas constituidas en Venezuela apenas un mes antes de recibir las transferencias. “Se trata de fondos públicos que no cuentan con respaldo administrativo ni justificación técnica”, enfatizó.
Deducción de responsabilidades
Argueta explicó que esta situación ya está siendo trasladada a los entes contralores del Estado, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes y deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales contra quienes resulten implicados.
En ese sentido, reiteró el compromiso del actual gobierno de transparentar el uso de los recursos públicos y combatir cualquier acto de corrupción heredado de gestiones anteriores.
Por otro lado, el funcionario también se refirió a la compleja situación financiera que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), señalando que el país estaría perdiendo aproximadamente 1.2 millones de lempiras diarios a través del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas.
Este programa ha sido objeto de varios cuestionamientos debido a su alto costo y resultados limitados en la reducción de pérdidas energéticas.
Ordenando las Finanzas
“El gobierno está haciendo esfuerzos importantes para ordenar las finanzas públicas, pero no es sencillo asumir tantas obligaciones que fueron dejadas sin respaldo administrativo”, expresó Argueta, al tiempo que subrayó que la actual administración trabaja en implementar medidas de control, eficiencia y transparencia en el manejo del presupuesto.
Finalmente, el titular de Comunicación y Estrategia reiteró que estas denuncias forman parte de un proceso integral de revisión de la gestión pública anterior, con el propósito de garantizar que los recursos del Estado sean utilizados en beneficio de la población hondureña y no para fines particulares o irregulares.
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