El Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, impulsado por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Seguridad la cual permitirá dar un incremento a las penas por extorsión.
Las acciones del Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer las herramientas legales y operativas del Estado para combatir la extorsión, maras, el terrorismo criminal y otras estructuras delictivas que afectan a miles de:
- Familias,
- Comerciantes,
- Transportistas y
- Emprendedores hondureños.
Entre los cambios más destacados, se aprobó un incremento en las penas por extorsión, que ahora van de 15 a 20 años de prisión, mientras que se mantiene la prisión perpetua cuando el delito provoca la muerte de la víctima.
foto de cortesía
Dentro de las reformas, se incorporan nuevas agravantes, entre ellas:
- Provocar el cierre temporal o definitivo de negocios;
- Utilizar menores de edad;
- Hacerse pasar por autoridades policiales o militares;
- Cometer extorsión desde el extranjero y
- Aprovechar relaciones familiares, laborales o de confianza para cometer el delito.
Las penas por extorsión son ahora de acción pública
Con estas medidas, el delito de extorsión pasa a ser de acción pública, lo que permite al Ministerio Público y a las autoridades competentes iniciar investigaciones y procesos penales aun cuando la víctima no presente denuncia formal, protegiendo así a quienes temen represalias.
El paquete de reformas también amplía la definición de asociación terrorista, incluyendo explícitamente a maras, pandillas y estructuras transnacionales vinculadas al narcotráfico.
Fotos: Emilio Flores
La ley contempla como finalidad terrorista la generación de miedo en la población, el control territorial, la obtención de recursos ilícitos y la coacción de autoridades nacionales o internacionales.
Estas modificaciones se alinean con las determinaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y refuerzan la capacidad del Estado para intervenir ante organizaciones criminales que ejercen violencia sistemática e intimidación colectiva.
Creación de la CNDS
Como parte del decreto, se crea la Agencia Nacional Contra el Crimen, coordinada por el CNDS, con la función de integrar información estratégica de todas las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación criminal del país.
La agencia permitirá consolidar registros telefónicos, bancarios, financieros y de billeteras electrónicas para facilitar la investigación y persecución del crimen organizado, optimizando la coordinación institucional y la capacidad de respuesta ante delitos complejos.
Las reformas obligan además a empresas de telecomunicaciones, servicios financieros y bancarios a proporcionar información requerida por las autoridades judiciales dentro de los plazos establecidos por ley.
Esto para asegurar que las investigaciones del crimen organizado y la extorsión cuenten con datos precisos y oportunos.
Fotos: Marlin Chacón
De esta manera, Honduras fortalece su marco legal, tecnológico y operativo para enfrentar delitos que amenazan la seguridad de la población y el funcionamiento de la economía formal en todo el país.
Con estas medidas, el Estado hondureño busca disuadir a los responsables de extorsión y estructuras criminales, incrementar la seguridad de comerciantes y emprendedores, y garantizar que quienes cometan delitos de alto impacto enfrenten penas más severas y proporcionales a la gravedad del crimen, marcando un avance significativo en la política de seguridad y justicia penal del país.
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