La Designada presidencial María Antonieta Mejía, aseguró este miércoles que uno de los principales legados que dejará la administración del presidente Nasry Asfura será la creación, por primera vez en la historia del país, de una política pública orientada al fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Mejía destacó que el actual gobierno ha impulsado acciones concretas para fortalecer las instituciones encargadas de velar por la legalidad, la fiscalización y la defensa de los intereses del Estado, lo que, a su criterio, representa una señal clara del compromiso gubernamental con el combate a la corrupción.
“Por primera vez en la historia de Honduras se está construyendo una política pública enfocada directamente en la transparencia y la lucha anticorrupción. Ese será uno de los grandes legados del presidente Nasry Asfura”, expresó la funcionaria.
Acciones concretas
Asimismo, señaló que una de las evidencias más contundentes del compromiso gubernamental ha sido el incremento presupuestario destinado a las entidades responsables de investigar, fiscalizar y judicializar actos irregulares.
Según Mejía, el gobierno fortaleció de manera significativa el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas, institución encargada de la auditoría y control de los recursos públicos, así como del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República.
Tribunal Superior de Cuentas fortalecido
“Se ha fortalecido casi al doble el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas y también se han robustecido instituciones fundamentales como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Eso demuestra que sí existe una voluntad política para enfrentar la corrupción”, afirmó.
La designada presidencial sostuvo que durante muchos años Honduras enfrentó debilidades estructurales en los mecanismos de control y fiscalización, situación que, según indicó, limitó la capacidad institucional para combatir actos ilícitos dentro de la administración pública.
En ese contexto, consideró que el fortalecimiento financiero y operativo de estas instituciones permitirá mejorar los procesos de investigación, auditoría y recuperación de fondos del Estado, además de generar mayor confianza ciudadana.
Mejía también enfatizó que el impulso de una política pública anticorrupción podría convertirse en una herramienta permanente para futuras administraciones, estableciendo lineamientos y mecanismos de prevención más sólidos dentro de las instituciones estatales.
Las declaraciones surgen en medio de los debates nacionales sobre transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, temas que han cobrado relevancia en distintos sectores políticos, económicos y sociales del país.
Finalmente, reiteró que el fortalecimiento institucional representa un paso importante para consolidar un Estado más transparente y con mayores capacidades para enfrentar prácticas irregulares en la gestión pública.
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