Tegucigalpa, Honduras (18.04.2023).– El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, reveló a través de Twitter la complicidad del Partido Nacional en protección del esquema de evasión fiscal.
También detalló los beneficios de la Ley de Justicia Tributaria impulsada por la Presidenta Xiomara Castro que, sin crear ni subir impuestos, profundiza la transparencia tributaria y elimina las barreras creadas para ocultar capitales y evadir el pago de impuestos.
“(1/25) 10 familias más ricas de Honduras pagan 3 centavos de impuestos por cada 100 lempiras que ingresan a sus empresas. Comparto información que evidencia complicidad del Partido Nacional en protección del esquema de evasión”, inició escribiendo el funcionario en la red social.
Seguidamente, citó: “(2/25) El @PNH_oficial (Partido Nacional) diseñó un esquema de evasión a través de mecanismos de opacidad mercantil y tributaria como el secreto bancario, acciones al portador, la falta de intercambio de información internacional y el principio de renta territorial”.
De acuerdo a Ochoa “(3/25) Con la aprobación del Código Tributario en 2016, el @PNH_oficial (Partido Nacional) convirtió a Honduras en el único país del mundo en retroceder el principio de renta mundial a territorial, permitiendo que rentas reales o simuladas del exterior no pagaran impuestos).
“(4/25) Este cambio en el sistema tributario ha permitido a apenas 503 personas jurídicas y naturales evadir 57,132 millones de lempiras en impuestos entre 2017 y 2023p, un promedio del 7.3% de la recaudación de cada año”, señaló el funcionario.
Asimismo, dijo: “(5/25) El nuevo Código Tributario de 2016 también impuso un secreto tributario de facto, al hacer prácticamente imposible para la Administración Tributaria acceder a información bancaria de las personas naturales o jurídicas que audita”.
Información bancaria
“(6/25) Con esta restricción, Honduras se convirtió en uno de los países que más restringe el acceso a información bancaria a su administración tributaria. En EEUU, el IRS (Impuesto Sobre la Renta) accede a información bancaria, sin intermediar con entes reguladores”, apuntó.
“(7/25) El nuevo código tributario también inauguró la práctica de conceder “regularizaciones», que prohibieron al SAR, Aduanas y SEFIN (Secretaría de Finanzas) auditar los períodos entre 2012 y 2016 a empresas que pagaran el 1.5% de sus ingresos brutos, reveló Ochoa.
El titular del SAR expresó: (8/25) Este artículo promovió el otorgamiento de incentivos fiscales para empresas evasoras. El Estado perdió el 230% de lo que recaudó con las amnistías y regularizaciones. Por cada L1 recaudado, perdió L2.3”.
“(9/25) El 28 de junio de 2017 la regularización se amplió para también extinguir de los cobros de deudas de períodos anteriores al 2012, es decir, que con la regularización el Estado desistió de cobrar más de L4,000 millones de lempiras en procesos judiciales”, dijo el funcionario.
También comentó: “(10/25) El 18 de enero de 2018, esta regularización se amplió nuevamente para abarcar también el período fiscal 2017, legalizando de esta forma que unas cuantas empresas obtuvieran inmunidad tributaria los 6 períodos fiscales que van del 2012 al 2017”.
“(11/25) Luego de que algunas empresas regularizadas identificaran que podían beneficiarse más al conservar sus créditos fiscales, gestionaron 2 decretos: uno en abril de 2019 para permitir revocar la regularización (…)”.
“(12/25) (…) y otro en julio de 2019 para “interpretar” que la regularización únicamente extingue deudas tributarias de las empresas con el Estado, y no del Estado con las empresas (a través de las notas de crédito)”, agregó el experto.
Acciones al portador
“(13/25) Mientras mayoría de países del mundo eliminaban acciones al portador, el @PNH_oficial (Partido Nacional) mantuvo vigente su existencia en el código del comercio, permitiendo que las empresas ocultaran quiénes eran sus dueños y operaciones ilícitas”, denunció.
Asimismo, dio a conocer que “(14/25) Honduras es único país de CA (Centro América) que mantiene vigentes acciones al portador; derogadas en 1980 en Costa Rica, 2010 en Guatemala, 2015 en Panamá, 2018 en Nicaragua y 2021 en El Salvador. De 2009 a 2019, 34 países derogaron esta figura”.
Manifestó: “(15/25) El gobierno del @PNH_oficial (Partido Nacional) también ignoró denuncias internacionales entre 2016 y 2021 sobre empresarios y políticos hondureños que constituyeron empresas de maletín en paraísos fiscales para evadir impuestos”.
“(16/25) Entre 2016 y 2021, el Consorcio de Periodistas de Investigación ICIJ hizo pública filtración de 36.8 millones de documentos conocidos como Panamá, Paradise y Pandora Papers, donde se vinculan 135 empresarios y 11 políticos hondureños”, recordó el funcionario.
También, señaló: “(17/25) Entre 2016 y 2021 no se realizó ninguna auditoría ni investigación vinculada a los Panamá, Paradise ni Pandora Papers, permitiendo que se utilizaran empresas constituidas en paraísos fiscales para ocultar a sus dueños hondureños”.
Solo cinco países
“(18/25) Hoy Honduras sólo accede a información de 5 países del mundo: Estados Unidos desde 1991 y Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica desde 2007, convirtiendo al resto del mundo en cancha libre para ocultar capitales hondureños”, dijo.
Ochoa expresó: “(19/25) La Ley de Justicia Tributaria impulsada por la Presidenta @XiomaraCastroZ (Xiomara Castro), sin crear ni subir impuestos, profundiza la transparencia tributaria y elimina las barreras creadas para ocultar capitales y evadir el pago de impuestos”.
“(20/25) Con esta reforma se intercambiará información bancaria y tributaria con 146 países del mundo con la ratificación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC)”, explicó.
El titular del SAR detallo: “(21/25) Las empresas estarán obligadas a declarar quiénes son los beneficiarios finales de sus utilidades, aún y cuando estas hayan constituido empresas de maletín en paraísos fiscales (artículo 32 de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria)”.
Comentó: “(22/25) Se eliminarán figuras de opacidad mercantil como las acciones al portador, obligando a las empresas a inscribir el nombre de quién las posee en un plazo de seis (6) meses (artículo 18 de la propuesta de Ley de Beneficiario Final)”.
“(23/25) Se permitirá al SAR acceder a información bancaria bajo fuertes medidas de resguardo y utilizando más de 30 políticas de seguridad de la información para identificar movimientos de capitales transnacionales (artículo 31 de la Ley de Justicia Tributaria)”.
“(24/25) Se eliminará la posibilidad de aprobar regularizaciones, que restringen las facultades de auditoría de SAR, Aduanas y SEFIN (Secretaría de Finanzas) y que legalizan la evasión fiscal (artículo 31 de la propuesta de Ley de Justicia Tributaria)”.
“(25/25) La eliminación de los mecanismos legales usados por los más ricos para evadir impuestos es necesario para avanzar hacia un modelo económico sin corrupción, sin coimas y sin competencia desleal #JusticiaTributariaYa”, finalizó.
(1/25) 10 familias más ricas de Honduras pagan 3 centavos de impuestos por cada 100 lempiras que ingresan a sus empresas. Comparto información que evidencia complicidad del Partido Nacional en protección del esquema de evasión 🧵⬇️ pic.twitter.com/INsoiW2NNg
— Marlon (@MarlonOchoaHN) April 18, 2023
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