La consejera Electoral, Cosette López, denunció presuntos actos de intimidación y un intento de “secuestro del escrutinio electoral”, en medio del proceso de revisión de resultados, durante el desarrollo de los comicios en noviembre del año pasado.
Según manifestó la funcionaria, estas acciones representaron una grave amenaza contra la transparencia y la voluntad popular expresada en las urnas, al intentar interferir en una de las etapas más sensibles del proceso electoral.
López advirtió que cualquier presión o irregularidad en el escrutinio no solo vulnera la institucionalidad del país, sino que también puso en riesgo la credibilidad del sistema democrático hondureño.
Vulnera sistema democrático

En ese sentido, hizo un llamado a respetar la ley, el debido proceso y la independencia del órgano electoral.
López Osorio subrayó que su compromiso es con el pueblo hondureño, enfatizando que se debe continuar implementando la figura del juicio político como un mecanismo para evitar que autoridades abusen del poder y cometan irregularidades en contra de la ley y la voluntad popular.
La consejera sostuvo que este instrumento constitucional representa un avance importante en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, al permitir la fiscalización de los altos funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
Funcionarios destituidos

Por otro lado, en el Congreso Nacional de Honduras se están desarrollando una serie de procesos de juicio político, entre ellos contra el exfiscal general Joel Zelaya, así como contra funcionarios que han sido suspendidos de sus cargos, como Mario Morazán.
Estos procesos marcan un precedente en la historia política reciente del país, al ser una de las primeras veces que se activa esta figura para evaluar la conducta de altos funcionarios, en medio de un contexto de creciente exigencia ciudadana por transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, López reiteró que el respeto al debido proceso es fundamental para garantizar la legitimidad de estas acciones, al tiempo que destacó la necesidad de que las instituciones actúen con responsabilidad para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
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