La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reveló este miércoles que, una investigación del organismo detectó anomalías en el manejo de L26 millones administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Según el CNA, el caso involucra al exdirector, Marco Antonio Zelaya, y a la exjefa de la Unidad de Administración y Gestión, Andrea Carolina Zavala.
Castellanos afirmó que ambos habrían tomado decisiones que facilitaron, “la movilización irregular de fondos bajo el resguardo del Estado”.
Cambio de figura permitió desembolsos
La titular del CNA explicó que el 17 de diciembre de 2024 una empresa incautada solicitó un “préstamo puente” por L25 millones. Sin embargo, un día después la petición fue modificada y pasó a denominarse “apoyo financiero temporal”.
“Ese cambio no fue un aparente tecnicismo, fue una maniobra interna para omitir requisitos obligatorios, evadir controles legales y autorizar desembolsos millonarios entre empresas sin supervisión técnica”, expresó Castellanos.
La directora añadió que posteriormente se autorizó L1,000,000 adicional sin evidencia técnica que respaldara el desembolso.
Además, sostuvo que hasta la fecha no se ha realizado, “ni un tan solo pago o abono” para devolver los recursos a la OABI.
Asimismo, Castellanos advirtió que este caso podría representar un patrón de manejo irregular dentro de la anterior administración de la OABI.
“El abuso de poder no siempre se refleja metiendo el dinero público al bolsillo de los funcionarios, muchas veces también se manifiesta cuando las autoridades comienzan a torcer las reglas para beneficiar intereses específicos”, manifestó.
La directora del CNA subrayó que los bienes incautados, “no pueden manejarse como hacienda sin dueño”, ya que los recursos permanecen bajo custodia estatal y podrían ser reclamados por orden judicial, lo que eventualmente expondría al Estado hondureño a nuevas demandas millonarias.
CNA presentó denuncia formal
Por su parte, el asesor jurídico del CNA, Arnold Sánchez, indicó que las actuaciones señaladas, “vulneran el reglamento de administración de bienes incautados y decomisados”, debido a que no se establecieron plazos ni mecanismos de pago.
Sánchez aseguró que el Consejo ya interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
“Realizamos las investigaciones de manera exhaustiva, objetiva y en ningún momento personalizamos las investigaciones”, concluyó.