Tegucigalpa, Francisco Morazán (01.04.2024).– El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Publica, presento requerimiento fiscal con orden de captura en contra de Juan José Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez, todos ellos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a quienes se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada.
De acuerdo a las investigaciones fiscales, Juan José Pineda Varela (quien fue magistrado presidente del TSC) y Ricardo Rodriguez (exmagistrado del TSC), junto a Douglas Javier Murillo Barahona (jefe de auditores), Karen Yadira Martínez Villatoro (Directora Legal) y Santiago Antonio Reyes Paz (Secretario General del TSC), incurrieron en la comisión del delito de Tráfico de Influencias en perjuicio de la Administración Publica, asi mismo se les imputa el delito de
Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Todo dio inicio el pasado mes de noviembre del 2023 cuando se recibió una denuncia anónima en el Ministerio Público donde se manifestaba que en el departamento de Auditorias del Sector Municipal del TSC varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades.
Fue así que de inmediato equipos de la ATIC procedieron a realizar las investigaciones correspondientes.
Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC están la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, videos de las cámaras de seguridad, toda de declaración testifical por parte de empleados que estaban siendo presionados para cambiar las auditorías a
municipalidades, lo que al final logro comprobar cómo funcionan dentro del TSC redes de empelados que aprovechándose de sus cargos influyen en los demás subalternos a fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros.
El Ministerio Público reitera a la población su compromiso de llevar a cabo su misión constitucional de persecución penal y garantiza además investigar los actos de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.
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