Tegucigalpa, Honduras (07.02.2024).– El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, confirmó este miércoles que el próximo lunes 12 de febrero a las 9:30 de la mañana, se realizará el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Hernández, de 53 años, está acusado de tres delitos cometidos supuestamente entre 2004 y 2022: conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de dicho armamento, por lo que podría enfrentarse a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.
El gobierno de Estados Unidos considera a Hernández culpable de «participar en un conspiración de corrupción y tráfico violento de drogas y propiciar la importación de miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos», según lo expresó el pasado 21 de abril, día de su extradición.
Comunicación del Departamento de Justicia de EE. UU.
La investigación de varios años de la DEA reveló que Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras, fue una figura central en una de las mayores y más violentas conspiraciones de tráfico de cocaína del mundo.
“Hernández usó las ganancias del narcotráfico para financiar su ascenso político y, una vez elegido Presidente, aprovechó los recursos policiales, militares y financieros del gobierno de Honduras para promover su plan de narcotráfico. Este caso debería enviar un mensaje, a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para fomentar el crimen organizado transnacional, de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar estos casos y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”, reveló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EE. UU).
Según la acusación enmendada, Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado (Hernández Alvarado), alias Tony Hernández, contra la investigación, el arresto y la extradición; hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del ejército hondureño que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras; y permitió la violencia brutal.
Como congresista, luego Presidente del Congreso Nacional de Honduras y finalmente Presidente de Honduras durante dos mandatos, Hernández supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada.
Desde por lo menos 2004, las organizaciones de tráfico de drogas en Honduras han trabajado para recibir toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Estas organizaciones luego transportaron la cocaína hacia el oeste en Honduras hacia su frontera con Guatemala y, finalmente, al norte hacia los Estados Unidos. Durante este tiempo, los miembros de esta conspiración transportaron más de 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras y hacia los Estados Unidos. Para garantizar que estos envíos masivos de cocaína pasaran con seguridad por Honduras, las mayores organizaciones de tráfico de drogas de la región obtuvieron el apoyo y la protección directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluido Hernández. A cambio, estos traficantes pagaron millones de dólares en sobornos a Hernández y otros funcionarios públicos.
Según se alega, como congresista y luego Presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera (Guzmán Loera), alias El Chapo, entre otros individuos. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en Presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera. Hernández envió a Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el soborno de 1 millón de dólares de Guzmán Loera. A cambio, Hernández prometió seguir protegiendo las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras.
Como se alega, aproximadamente en 2013 y 2014, Hernández se asoció con el traficante hondureño de cocaína a gran escala y violento, Geovanny Fuentes Ramírez. Durante múltiples reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, Fuentes Ramírez sobornó a Hernández para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico. Hernández informó a Fuentes Ramírez, en parte, que Hernández quería que Fuentes Ramírez se asociara con Hernández Alvarado, quien estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras, y que Hernández iba a “meter la droga en las narices de los gringos”.
Además de Guzmán Loera y Fuentes Ramírez, otros narcotraficantes prolíficos en Honduras y Guatemala pagaron a Hernández sobornos provenientes de las ganancias de las drogas para apoyar su carrera política a cambio de la protección y la colaboración de Hernández en su narcotráfico. Hernández usó estos sobornos estimulados por la cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como Presidente en 2013 y 2017. En relación con las elecciones de 2013 y 2017, Hernández ordenó a los miembros de esta conspiración que sobornaran a políticos y funcionarios electorales con ganancias de las drogas para garantizar que Hernández ganara la presidencia.
En 2018, Hernández Alvarado fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en esta conspiración, y posteriormente fue condenado tras el juicio el 18 de octubre de 2019. Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, Hernández continuó coordinando de cerca con traficantes a gran escala, incluido Fuentes Ramírez, quien continuó pagando sobornos a Hernández por protección. Además, durante el juicio de Hernández Alvarado, se introdujeron como prueba libros de contabilidad de drogas pertenecientes a otro exnarcotraficante hondureño y cómplice, mencionado en la acusación formal como “CC-2”. Estos libros de contabilidad contenían, entre otras cosas, anotaciones con el nombre de Hernández Alvarado y “JOH”, las iniciales de Hernández, junto con los asientos correspondientes que reflejaban grandes pagos a Hernández y Hernández Alvarado. Aproximadamente una semana después de la condena de Hernández Alvarado, presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC-2 en una prisión de Honduras para evitar la posible cooperación de CC-2 contra, entre otros, Hernández.
El 27 de enero de 2022, Hernández fue imputado en la acusación sdustitutiva y se emitió una orden de arresto en su contra.
El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado y detenido por las autoridades hondureñas a petición de los Estados Unidos. Posteriormente, los Estados Unidos presentaron una solicitud formal de extradición, que fue concedida por el juez de primera instancia de Honduras. Hernández apeló la decisión de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras. El 28 de marzo, el Tribunal Supremo de Honduras rechazó su apelación. El 6 de abril, el Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Honduras determinó que la apelación final de Hernández era inadmisible. El 13 de abril, el gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril.
Hernández está imputado de tres cargos: (1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua; y (3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de los EE. UU. y otros factores legales.
La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una valiosa asistencia para asegurar el arresto y la extradición de Hernández.
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