Tras los cuestionamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre varias disposiciones de las recientes reformas penales, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que su aplicación debe estar acompañada del fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.

El titular del Legislativo sostuvo que la Policía Nacional, el Ministerio Público y los operadores de justicia necesitan más personal, capacitación, certificación y recursos para garantizar que las nuevas disposiciones puedan cumplirse.

“De nada va a servir la ley si no están capacitados, si no están certificados y no tenemos personal suficiente para aplicar la ley”, manifestó Zambrano durante un conversatorio con jueces, fiscales y abogados, realizado el 10 de noviembre en San Pedro Sula.
aseguró que el Congreso dará seguimiento a los resultados.
aseguró que el Congreso dará seguimiento a los resultados. · Foto: Emilio Flores

Reformas penales entraron en vigencia

Las reformas fueron aprobadas entre septiembre y octubre de 2026 y contemplan disposiciones para endurecer las penas contra estructuras criminales, combatir la extorsión y el terrorismo, así como reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.

Las medidas entraron en vigencia el 3 de noviembre, después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Zambrano señaló que, además de fortalecer las capacidades de las instituciones, es necesario mejorar la coordinación entre las entidades responsables de investigar los delitos, ejercer la acción penal y administrar justicia.

la responsabilidad del Poder Legislativo no termina con la aprobación de las reformas,
la responsabilidad del Poder Legislativo no termina con la aprobación de las reformas, · Foto: Emilio Flores

Congreso dará seguimiento a los resultados

El presidente del Congreso indicó que la responsabilidad del Poder Legislativo no termina con la aprobación de las reformas, sino que también debe dar seguimiento a su aplicación y exigir resultados a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.

“Nos toca exigir resultados, porque la ciudadanía está cansada de que se impulsan leyes, que se impulsan iniciativas y se vuelve a tener los mismos resultados sin favorecer a la gente”, expresó.

Por su parte, la OACNUDH manifestó preocupación por aspectos de las reformas que, a su criterio, podrían representar riesgos para garantías fundamentales, entre ellas la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso, así como por las condiciones establecidas para realizar detenciones y allanamientos.
Ante estas observaciones, Zambrano ha señalado que el Congreso analizará las recomendaciones de Naciones Unidas, manteniendo como objetivo el combate a las estructuras criminales y la protección de la población.