El pleno del Congreso Nacional autorizó este martes al presidente del Tribunal de Justicia Electoral TJE, Mario Flores Urrutia, a ejercer de manera temporal facultades administrativas en ese ente electoral.

La solicitud la envió el funcionario electoral al Poder Legislativo y  fue aprobada por el pleno, él funcionario explicó que el TJE no cuenta con el quórum para integrar el pleno.

Esto, tras la destitución del magistrado propietario Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez por juicio político y el deceso de la magistrada Miriam Barahona.

La autorización temporal, está orientada a garantizar la continuidad de las funciones administrativas del TJE, ante la imposibilidad de integración del pleno de magistrados de tres miembros hasta que el Legislativo efectúe los nombramientos correspondientes.

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El Magistrado solicitó autorización al Legislativo ante imposibilidad de integración del pleno. Foto/ Congreso Nacional.

Continuidad operativa

Dicha autorización es necesaria para garantizar la continuidad operativa y financiera del TJE a fin de asegurar la correcta ejecución presupuestaria con base en lo detallado en el Presupuesto General 2026.

Asimismo, este permiso temporal permitirá cumplir con los compromisos del Tribunal ante los organismos internacionales.

Atendiendo sus invitaciones, como las del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional) y de la Junta Electoral de la República Dominicana.

Aclaración

Flores Urrutia, aclaró que formula su petición se da con carácter estrictamente temporal, excepcional y limitado al ámbito administrativo y no jurisdiccional.

Ya que su único propósit0, es garantizar la continuidad operativa, administrativa y financiera del TJE.

Evitando así, la paralización de las actividades indispensables para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Acerca del TJE

El TJE es el órgano jurisdiccional autónomo en Honduras, que se encarga de administrar justicia en materia electoral, garantizando el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos y asegurando la legalidad y transparencia de los procesos electorales.