El último recibo de luz quedó convertido en un techo. La Ley de Justicia Energética estableció que, desde su entrada en vigor, la tarifa cobrada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no aumentó durante seis meses y facultó al Poder Ejecutivo para ampliar esa protección por otro período igual. Su vigencia quedó sujeta a la publicación en el diario oficial La Gaceta.
El vínculo resultó directo: sin energía disponible, una inversión no encontró dónde conectarse; sin un suministro estable, una empresa no amplió su maquinaria, sus turnos ni sus puestos de trabajo.
El Consejo Nacional de Inversiones (CNI) estimó que el fortalecimiento del sistema eléctrico pudo destrabar hasta $2,000 millones en inversiones durante 2026. Su secretario ejecutivo, Epaminondas Marinakys, resumió la primera pregunta de los inversionistas: “El 99 % de las empresas con las que hablamos nos preguntan primero: ¿dónde me conecto?”.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proyectó una demanda máxima de 2,212.45 megavatios para 2026 y de 2,969.34 megavatios para 2035, una expansión prevista de un 34.2 %. La cifra mostró la cantidad de energía que la industria, el comercio y los hogares necesitaron para sostener el crecimiento económico.
La reforma apuntó a reducir la incertidumbre empresarial. Un servicio continuo evitó la paralización de líneas de producción, la pérdida de productos refrigerados y el uso frecuente de generadores privados. Un costo competitivo liberó recursos para maquinaria, inventarios y contratación de personal.
El presidente Nasry Asfura vinculó esa infraestructura con el bienestar de la población. “El desarrollo de nuestros países pasa por atraer inversión, fortalecer la infraestructura y generar oportunidades de empleo para nuestra gente”, "afirmó"
Por su parte, la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados consideró que el nuevo marco facilitó inversiones en generación, transmisión y distribución. A la vez, la reforma mantuvo el 100 % de las acciones de las subsidiarias de la ENEE en propiedad del Estado.
La votación no encendió una nueva central ni borró de inmediato los apagones. Abrió una etapa de ejecución: reorganizó la empresa estatal, cambió la compra de energía y fijó plazos para atraer generación, inversión y competencia.
La necesidad apareció detrás de dos cifras oficiales. El Banco Central de Honduras registró que las pérdidas por transmisión y distribución alcanzaron 3,723.2 millones de kilovatios-hora en 2024, equivalentes al 30.3 % de la generación.
“Hoy estamos más comprometidos que nunca a trabajar, a salir adelante, a defender la empresa”, afirmó el presidente Nasry Asfura. La ley mantuvo a la ENEE como empresa pública y separó sus operaciones de generación, transmisión y distribución en subsidiarias cuya propiedad permaneció en manos del Estado.
Competencia con reloj en marcha
“En 18 meses podríamos estar viendo la implementación de la transformación de la ENEE en los precios”, estimó Héctor Corrales, titular de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
La reforma también condonó, por una sola vez, la deuda acumulada de usuarios residenciales de bajos recursos con consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora. La ENEE debió verificar el historial, inspeccionar gratuitamente el medidor y excluir cualquier servicio comercial, industrial o de servicios.
El texto además exoneró de impuestos los paneles, inversores y baterías de uso residencial y ordenó instalar medidores dentro de 30 días.
Para una pulpería, un taller o una panadería, la meta gubernamental se tradujo en menos horas detenidas, menos producto perdido y mayor continuidad. Sin embargo, ese resultado quedó sujeto a generación disponible, redes modernizadas y pérdidas reducidas.
