El subsidio directo del transporte, la electricidad, el gas doméstico y los combustibles mediante una asignación aproximada de L6,000 millones se incluye en el proyecto de Presupuesto General de la República para el 2027.
La medida busca contener el impacto de estos servicios esenciales sobre los ingresos de los hogares, especialmente en las principales ciudades del país, donde miles de personas dependen diariamente del transporte colectivo para movilizarse hacia sus trabajos, centros educativos y establecimientos de salud.
L800 millones protegerán la tarifa del transporte urbano
El secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el proyecto presupuestario identifica al menos L800 millones para mantener el bono compensatorio destinado al transporte urbano.
“El bono compensatorio que hemos venido trabajando con el sector transporte en las ciudades más importantes tiene por lo menos L800 millones identificados para que no le afecte al ciudadano que utiliza el servicio público”, explicó Hércules.
El mecanismo permite compensar parte de los costos operativos del sector sin trasladarlos de forma inmediata al precio pagado por los pasajeros. El beneficio cobra relevancia para las personas que realizan dos o más viajes diarios y destinan una parte considerable de sus ingresos a movilizarse.
Tarifa eléctrica permanecerá congelada durante seis meses
La mayor carga dentro de los subsidios corresponde al sector energético. Hércules confirmó que continuarán los apoyos para los consumos de 75 y 150 kilovatios hora, los ajustes a la tarifa, el gas licuado de petróleo y los combustibles líquidos.
“Recordemos que hubo un congelamiento en el artículo uno de la ley de energía, por lo que la tarifa energética no aumentará durante los próximos seis meses”, señaló el secretario de Estado.
La protección también comprende los recursos canalizados mediante el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, así como los subsidios semanales aplicados al diésel y otros derivados del petróleo.
Como antecedente, la nueva ley energética plantea reorganizar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mediante tres empresas subsidiarias y concentrar esfuerzos en la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales que presionan las finanzas públicas.
La apuesta del gobierno consiste en contener las tarifas mientras avanza la reorganización de la ENEE y se reducen las pérdidas. Para la ciudadanía, el efecto inmediato será mantener bajo control cuatro gastos cotidianos: transporte, electricidad, gas doméstico y combustibles.
