Autoridades de Protección al Consumidor anunciaron multas de uno a 10,000 salarios mínimos contra distribuidores que abusaron del precio del agua en carros cisterna, una medida que protege el bolsillo de las familias.
En los barrios altos de Tegucigalpa y Comayagüela, cada barril representó una carga creciente para hogares que dependieron del servicio privado. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) vendió en sus llenaderos una cisterna de 2,500 galones por aproximadamente L125, pero algunos distribuidores comercializaron cada barril entre L50 y L100,
Ese margen superó el 94 % del costo del agua, sin descontar combustible, salarios, mantenimiento y depreciación del vehículo. Sin embargo, la diferencia encendió una alarma entre las familias que pagaron hasta L2,000 por una cisterna completa mientras esperaron el siguiente turno del calendario de distribución.
Combatir abusos
El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, advirtió que la institución aplicó la Ley de Protección al Consumidor contra la especulación y los cobros desproporcionados.
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“Quiero darles un mensaje claro a todos los que están especulando, no solamente los del huevo, incluyendo los de las cisternas de agua y todos los demás comercios: no me va a temblar la mano en ponerles una multa”, expresó Lou.
La escala sancionatoria permitió imponer multas equivalentes a uno o hasta 10,000 salarios mínimos. La sanción máxima alcanzó aproximadamente L149 millones, según explicó el funcionario. La autoridad también informó que durante 2026 aplicó más de L17 millones en multas por infracciones relacionadas con precios y otros derechos del consumidor.
La Dirección General de Protección al Consumidor completó 9,300 inspecciones y alcanzó el 97 % de su meta anual. En 2025, la institución registró unas 9,500 verificaciones, de acuerdo.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, señaló que la municipalidad mantuvo las tarifas de abastecimiento y coordinó acciones con las autoridades encargadas de defender al consumidor.
“No hay nada que diga que no puedan vender, pero tampoco aprovecharse de la crisis”, afirmó Zelaya.
Bajo la lupa
La sequía redujo los niveles de las represas y elevó la demanda de agua transportada. La Alcaldía Municipal del Distrito Central distribuyó gratuitamente más de seis millones de galones, reparó fugas y avanzó en la habilitación de ocho de los primeros 15 pozos programados.
La vigilancia sobre los precios colocó un muro legal frente al abuso: la escasez incrementó la demanda, pero no justificó que la necesidad de agua se convirtiera en una factura imposible para los hogares capitalinos.
