En Santa Bárbara, la figura de un hospital sin terminar se alza como el reflejo de un compromiso a medio cumplir. Aunque la estructura, las columnas y los cimientos ya dibujan la silueta del centro médico, el lugar sigue desierto, sin médicos en los pasillos ni urgencias operativas. En Salamá (Olancho) y Ocotepeque, el panorama muestra mayor avance físico, pero el resultado es el mismo: infraestructuras listas que continúan sin prestar servicio.
Detrás del concreto aparece una historia menos visible: presupuestos que crecieron, contratos que comenzaron a cruzarse, modificaciones realizadas al final de 2025 y una investigación sobre 37 contratos que intenta responder qué ocurrió con tres proyectos concebidos para ampliar la atención sanitaria en el interior de Honduras.
Las nuevas autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) calcularon que ya se erogaron cerca de L1,900 millones: aproximadamente L500 millones en Salamá, otros L500 millones en Ocotepeque y casi L900 millones en Santa Bárbara. El dinero salió. Los hospitales, sin embargo, siguen sin recibir pacientes.
Hasta ahora, ninguna autoridad competente ha emitido una resolución que declare que existió corrupción. Sin embargo, los aumentos presupuestarios, cambios contractuales y dudas sobre la planificación convirtieron las obras en un expediente de alto interés público.
“Lo más importante que tenemos nosotros enfrente es garantizar que nos encontramos frente a un proyecto que cuenta con la seguridad jurídica y la transparencia para poder continuar su construcción”, afirmó Aníbal Ehrler, Secretario de Estado de Infraestructura y Transporte.
De tres hospitales prometidos a una factura que creció más del doble
La historia comenzó durante el gobierno anterior. En 2023, la propia Secretaría de Salud presentó estos proyectos como parte del fortalecimiento de la red hospitalaria y afirmó que buscaban mejorar el acceso y la cobertura efectiva, especialmente frente a enfermedades materno-infantiles, lesiones y padecimientos no transmisibles.
Según relató Ehrler, ese año se modificó un instrumento de emergencia sanitaria para habilitar a la SIT a efectuar estudios para construir cuatro hospitales. Para Salamá y Ocotepeque se solicitaron inicialmente alrededor de L638 millones y L635 millones, respectivamente, mientras que Santa Bárbara fue planteado con un costo aproximado de L1,800 millones.
Los documentos oficiales permiten seguir la evolución. Un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) registró que, a diciembre de 2024, Salamá y Ocotepeque tenían presupuestos de L694.12 millones cada uno. Salamá reportaba 24.65 % de avance físico y 31.66 % financiero; Ocotepeque registraba 25.45 % de avance físico.
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Luego llegaron las enmiendas
La Secretaría de Finanzas (Sefin) consignó que el costo actualizado del Hospital General de Santa Bárbara aumentó a L4,402.88 millones mediante una segunda enmienda a la Nota de Prioridad aprobada el 4 de agosto de 2025. Al cierre de ese año, el avance físico global era de 22.23 % y el gasto acumulado durante la vida del proyecto alcanzaba L877.36 millones.
En Ocotepeque, otra segunda enmienda, aprobada el 1 de agosto de 2025, elevó el costo a L1,635.58 millones. El avance físico global reportado al 31 de diciembre fue de 38.63 %. Los registros de inversión pública muestran contrataciones para fachadas, climatización, sistema eléctrico, telecomunicaciones, pavimentos y sistemas exteriores.
Salamá siguió un recorrido similar. La documentación oficial registra un costo actualizado cercano a L1,613 millones, después de partir de aproximadamente L694 millones.
Sumadas, las tres inversiones pasaron de alrededor de L3,171 millones a aproximadamente L7,651 millones: un aumento cercano al 141 %.
Ehrler sostiene que una parte del incremento se originó en la preinversión. Según su relato, cuando comenzaron los diseños, se determinó que los recursos disponibles para esa fase eran insuficientes y el monto fue modificado en alrededor de 180 %. Después, una vez completados los diseños, cambiaron las notas de prioridad.
“En vez de costar 600 y 600, pasa a costar 1,800 y 1,800 y, en vez de costar 1,800, Santa Bárbara pasa a costar 4,200 millones”, explicó al describir lo encontrado durante la transición.
El aumento, por sí solo, no prueba corrupción. La investigación deberá determinar si las variaciones estuvieron justificadas, legalmente tramitadas y financieramente respaldadas.
Ehrler afirmó, además, que durante diciembre de 2025 se realizaron modificaciones de tiempo y monto que extendieron la ejecución y permitieron avanzar hacia etapas de equipamiento con contratistas ya vinculados. Según declaró, esos cambios ocurrieron después de las elecciones generales.
La circunstancia puede levantar sospechas, pero no permite establecer por sí misma un delito. Esa frontera deberá ser definida por el TSC y, cuando corresponda, el Ministerio Público.
El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, confirmó que el organismo abrió una investigación especial a solicitud de las autoridades de la SIT. La revisión está en manos de un equipo multidisciplinario y comprende 37 contratos.
“Al final de las diligencias investigativas debemos elaborar un informe conteniendo los hallazgos, las recomendaciones, las conclusiones y determinar si procede notificar responsabilidades”, explicó Isaula.
El portavoz explicó que las posibles responsabilidades pueden ser civiles, administrativas o penales; estas últimas serían remitidas al Ministerio Público.
El proceso incluye análisis documental e inspecciones in situ. Los auditores deberán comparar contratos, pagos, avances reportados y obra construida: comprobar si lo que existe sobre el papel coincide con lo levantado en Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque.
Contratos superpuestos, planificación cuestionada y hospitales sin pacientes
En los expedientes, según Ehrler, apareció otro problema: la secuencia de ejecución. La construcción de un hospital exige coordinación entre estructura, sistemas, acabados y equipamiento.
“Le daban orden de inicio al mismo tiempo al que hace el piso, al que hace el techo, al que pone la tubería y al que pone la energía eléctrica. Entonces los contratos se empiezan a traslapar y traslapar y llega un momento en que ya no hay un orden en la ejecución”, declaró Ehrler.
La afirmación lleva la discusión desde cuánto cuesta un hospital hacia cómo se administró su construcción. Y es allí donde la obra pública deja de ser únicamente un asunto de ingeniería y se convierte también en una cuestión de control del gasto.
La revisión obliga, sin embargo, a separar lo que está bajo sospecha de aquello que técnicamente puede estar bien ejecutado.
Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), señaló que la institución ha visitado proyectos hospitalarios y revisado aspectos de las obras. Desde el punto de vista de infraestructura y obra gris, sostuvo que algunos costos observados responden a rangos lógicos para construcciones hospitalarias y que las soluciones de cimentación analizadas en Santa Bárbara y Salamá son técnicamente adecuadas.
“Nosotros sí hemos podido revisar algunos costos y estos hospitales muchas veces incluyen equipos y otro tipo de obras, pero desde el punto de vista de infraestructura hemos podido constatar que obedecen a costos lógicos de este tipo de obra”, manifestó Puerto.
Una estructura técnicamente correcta, sin embargo, no despeja las preguntas sobre adjudicaciones, modificaciones o planificación.
El problema podría encontrarse incluso antes de los contratos
Eduardo Midence, subsecretario de Estado en Salud, aseguró que los tres hospitales son sometidos a una “revisión exhaustiva técnico-administrativa” que incluye contratos, alcances, ejecución documental y visitas de campo. Habló de “mala planificación y sobredimensionamiento” y recordó que esas críticas ya habían sido planteadas desde la administración anterior.
Ehrler fue más específico: los hospitales habrían sido diseñados y comenzados sin integrar suficientemente a la Secretaría de Salud (Sesal), la institución que finalmente debe recibirlos, equiparlos, contratar personal y mantenerlos funcionando.
“Para mí el principal problema con el que cuentan estos hospitales es que fueron diseñados y empezados a construir sin contar con el cliente final, que es la Secretaría de Salud”, señaló.
Un hospital no termina con la obra gris: necesita especialistas, enfermeras, equipos, mantenimiento y presupuesto permanente para operar.
Ese detalle es decisivo en zonas donde la disponibilidad de médicos especialistas y subespecialistas es menor. Ehrler explicó que Salud tendrá que identificar qué profesionales serán necesarios, asegurar los salarios, reservar los recursos y garantizar durante años el mantenimiento de cada instalación.
De lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de inaugurar estructuras que poco después no tengan capacidad para sostener sus servicios.
La importancia pública es concreta. Documentos de Sefin señalan que el Hospital Básico de Ocotepeque fue diseñado con 36 camas censables y servicios de medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecoobstetricia, laboratorio, imagenología y farmacia. Su objetivo era ampliar la cobertura de segundo nivel para los municipios del Valle de Sesecapa.
Santa Bárbara y Salamá también reciben demanda de otros municipios. Cada retraso implica viajes, tiempo y atención postergada para la población.
En Ocotepeque, Midence incluso destacó su condición fronteriza y su capacidad potencial para recibir pacientes procedentes de comunidades cercanas y zonas vinculadas con Guatemala. En Santa Bárbara, la cabecera concentra pacientes de diferentes municipios del departamento y áreas vecinas.
Detener definitivamente las construcciones tampoco aparece como una opción sencilla.
“No podemos dejar esa inversión. Solo en esos dos hay L1,000 millones y en Santa Bárbara van casi L900 millones. Hemos erogado como L1,900 millones y no pueden quedar ahí tirados”, afirmó Ehrler.
La administración actual sostiene que buscará mecanismos para concluirlos, pero espera las determinaciones del TSC y del Ministerio Público. Ehrler planteó incluso asociaciones público-privadas que incorporen operación y mantenimiento, aunque cualquier alternativa deberá superar evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras.
Santa Bárbara representa el desafío mayor. Ehrler lo describe como una estructura de gran escala, con un avance cercano al 18 % al momento de recibirla. Salamá y Ocotepeque rondaban el 38 % y presentaban fachadas y elementos estructurales más avanzados.
Los informes oficiales de cierre de 2025 también muestran avances inferiores a la mitad en los tres proyectos.
En Santa Bárbara, la imagen descrita por el secretario de Estado es la de una estructura monumental todavía vacía. Ehrler la comparó con “una galera enorme” cuya continuación requiere redefinir la viabilidad financiera porque, aseguró, el Estado no dispone simplemente de L4,200 millones para terminar un único hospital bajo las condiciones inicialmente planteadas.
Allí emerge otra de las interrogantes centrales: si el presupuesto que respaldaba las notas de prioridad existía realmente en las arcas públicas para llevar las tres obras hasta su puesta en funcionamiento.
Ehrler afirmó que alrededor de L7,200 millones contemplados para completar los proyectos no estaban disponibles y que la nueva administración debe hacer reservas presupuestarias y buscar alternativas para evitar que los recursos ya invertidos terminen convertidos en estructuras abandonadas.
La situación enfrenta al Estado con una decisión incómoda: continuar implica buscar miles de millones adicionales; abandonar significaría aceptar que cerca de L1,900 millones desembolsados no llegaron a transformarse en hospitales operativos.
Entre ambas posibilidades permanece la investigación
El TSC deberá revisar un volumen documental que Isaula describió como elevado. Después vendrán las inspecciones físicas realizadas por equipos que incluyen ingenieros civiles. Allí se contrastará la ejecución reportada con cimentaciones, fachadas, estructuras y sistemas instalados.
Ese ejercicio será determinante para saber si existen diferencias entre lo contratado, lo pagado y lo realmente construido.
La investigación todavía no permite afirmar que existió corrupción. Sí deja hechos que exigen explicación: el costo conjunto creció más del doble; existen 37 contratos bajo revisión; se cuestiona la secuencia de órdenes de inicio; hubo modificaciones de plazo y monto; Salud señala deficiencias de planificación; y cerca de L1,900 millones fueron desembolsados sin que ninguno de los hospitales esté atendiendo pacientes.
La investigación deberá determinar si cada lempira gastado tuvo justificación, si cada obra pagada existe y si las decisiones protegieron el interés público.
Porque detrás de las cifras hay otra contabilidad, menos visible: pacientes que siguen viajando, familias que continúan buscando atención lejos de sus municipios y comunidades que todavía esperan los servicios que estas construcciones debían acercar.
El informe final del Tribunal Superior de Cuentas deberá establecer si lo ocurrido fue una cadena de errores de planificación, incumplimientos administrativos, perjuicio económico o algo más grave. Hasta entonces, la responsabilidad penal no puede darse por probada.
Pero las preguntas ya están sobre la mesa. Y en Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque, el concreto permanece inmóvil mientras el Estado intenta determinar cómo tres hospitales destinados a curar personas terminaron primero convertidos en un caso bajo investigación.
